La otra “Operación Enredadera”

El lector interesado en la “Operación Enredadera” que se adentre en las hemerotecas se va a encontrar con otra operación anticorrupción cuyo nombre coincide con el de la que saltó a los medios en julio de 2018, la Operación Enredadera por antonomasia y que puede llevarle a confusión.

Por la proximidad en las fechas –la primera, auspiciada por la conocida jueza Mercedes Alaya salta a la opinión pública en noviembre de 2014, y la “actual” en julio de 2018–, me ha parecido conveniente traer aquí un resumen de la primera, de la mano de los medios de comunicación ABC de Sevilla y El Mundo y de mi propia investigación. Además de a Andalucía, también afecta a otras comunidades autónomas: Madrid, Valencia, Cataluña, Aragón y Canarias.

“La Guardia Civil ha llevado a cabo ya la detención de 32 personas en el marco de la «operación Enredadera» –derivada de la «operación Madeja»– dirigida contra una trama que facilitaba contratos públicos a la empresa Fitonovo a cambio de sobornos, según han informado fuentes de la investigación. Entre los arrestados hay una mayoría de funcionarios públicos y varios políticos. Además, los agentes han realizado un total de 10 registros, entre otros lugares, la sede de la Diputación de Sevilla o la sede de la empresa Fitonovo en Gran Canaria.

Las actuaciones de la Guardia Civil se han desplegado en diversas provincias: Sevilla, Córdoba, Jaén, Huelva, Cádiz, Granada, Badajoz, Madrid, Valencia, Zaragoza, Barcelona, Lanzarote y Las Palmas de Gran Canaria. Los investigadores del Instituto Armado descubrieron que la empresa Fitonovo había creado una «red de contactos con funcionarios corruptos» que les facilitaban la obtención de contratos públicos de forma irregular. Pese a las 32 detenciones, la operación continúa abierta y podría haber más arrestos.

De los 32 detenidos, 23 lo han sido en Andalucía: 11 en Sevilla, 4 en Córdoba, 3 en Jaén, 3 en Huelva, uno en Granada y otro en Cádiz.

Además, los agentes han arrestado a otras tres personas en Canarias (2 en Lanzarote y uno en Gran Canaria), dos en Zaragoza y otros tantos en Madrid, una en Badajoz y otra en Valencia.

En Gran Canaria han sido detenidas dos personas: un delegado de la empresa Fitonovo en las islas, que tenía su sede en el municipio grancanario de Arucas y un exconsejero de Residuos, Actividades clasificadas y Emergencias del Cabildo de Lanzarote y actual portavoz de Coalición Canaria en la institución insular, Sergio Machín[1], que ha sido puesto en libertad después de que se le dieran a conocer los cargos que se le imputan.

Conforme han ido tomando declaración a los detenidos, la Guardia Civil ha dejado en libertad a cuatro de los 32 arrestados. Fuentes de la Benemérita han explicado que seguirán tomando declaración a algunos detenidos y que a otros, en un número que no han precisado, los pondrán a disposición de la juez Mercedes Alaya, que ha dirigido la operación, denominada «Enredadera», a partir del próximo jueves.

Detenido el teniente de alcalde de La Carolina

En Jaén ha sido arrestado el segundo teniente de alcalde del municipio de La Carolina, Cristóbal Pérez[2], que aglutinaba las concejalías de Servicios, Deportes, Festejos, Turismo, Comercio, Vivienda, Asociaciones No Vecinales, Relaciones Institucionales y Sanidad.

Los agentes de la Guardia Civil han realizado un registro en el que se han incautado de información relacionada con la empresa Fitonovo y se han centrado en el ordenador del detenido. El alcalde del municipio, Francisco Gallarín[3], ha explicado que el Consistorio carolinense ha tenido tres obras con la referida empresa; una de ellas, el césped artificial del campo de fútbol, en el mandato anterior, y las otras dos, una pista de pádel y el patio de un colegio, en el actual.

Además en Jaén han sido arrestados un jefe del servicio de Infraestructuras de la Diputación Provincial y un técnico de Fomento. En Granada los agentes de la UCO han llevado a cabo el arresto de una mujer de 39 años, ex empleada de Fitonovo.

Precisamente este martes, la jueza Mercedes Alaya ha citado a los dueños de esa empresa José Antonio González Baró[4] y Rafael González Palomo[5] así como el administrador de la empresa Fiverde, Ángel Manuel Macedo[6], para ampliarles su imputación inicial derivada de la «operación Madeja».

Detenido el asesor de Torrijos[7]

La jueza ha ampliado la declaración de estos tres imputados por medio de un auto que les ha leído de manera conjunta y en el que ha aludido a un supuesto pago de 85.000 euros que Fitonovo habría realizado Antonio Miguel Carmona[8], también detenido este martes.

Carmona desempañaba el cargo de técnico asesor del Área de Infraestructuras para la Sostenibilidad en el anterior mandato cuando dicha área era responsabilidad del primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos. El pago al que ha hecho referencia Alaya se habría realizado en una caja de zapatos antes de las elecciones municipales de 2011.

La Guardia Civil ha detenido también a Carlos Gamito[9], asesor jurídico de Fitonovo. También ha sido detenido un jefe de Sección de la Consejería de Fomento de Extremadura.

En Zaragoza hay dos personas detenidas. Se trata de un trabajador del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) en la capital aragonesa y otro, ya jubilado. Por su parte en Córdoba han sido arrestadas otras seis personas, según han informado a Europa Press fuentes de la investigación, que han añadido que ninguna de ellas ocupa cargos en la Diputación.”

Tres años después, en octubre de 2017, se cierra la instrucción del caso Madeja-Enredadera:

“Fitonovo: a juicio quince años de trama criminal

Procesados 45 directivos, comerciales y proveedores en la pieza principal del caso por sobornar a funcionarios para obtener contratos públicos

Móviles de última generación, ordenadores, videocámaras, noches de hotel, caviar y hasta servicio de limpieza, pero, sobre todo, dinero en efectivo. Así pagó durante más de quince años la directiva de la empresa Fitonovo los servicios de funcionarios y altos cargos públicos a los que tenía en nómina para asegurarse la adjudicación irregular de contratos con las administraciones en las que trabajaban.

Fitonovo, y la red de empresas que sus dueños –la familia González Baro– crearon a su alrededor, funcionó durante tres lustros como una «organización criminal» perfectamente engrasada, según el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por el que da por finalizada la pieza principal del caso y procesa a 45 personas, entre directivos, comerciales y proveedores de Fitonovo.

En dicho auto, que consta de 357 páginas, el magistrado del Juzgado Central de Instrucción 5 procesa, entre otros, al fundador y primer presidente de la compañía, Rafael González Palomo; a su hijo y sucesor, José Antonio González Baro; y a otros miembros de la familia y copropietarios. Ellos, junto a los principales directivos de la empresa forman lo que el magistrado llama el «primer nivel» de una trama corrupta que, desde Sevilla –donde tenía su sede Fitonovo–, extendió sus tentáculos por buena parte de la geografía española.

Desde Extremadura a Canarias, pasando por Zaragoza, Valencia, Barcelona y, sobre todo, Andalucía, la red creada fue creciendo año tras año bajo el «velo» de una actividad supuestamente legal que escondía una actividad netamente criminal, en palabras del juez De la Mata.

A los procesados les imputa hasta nueve delitos: organización criminal, prevaricación, cohecho, fraude a las administraciones públicas, falsedad en documento mercantil, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, alteración de precios en concursos y blanqueo de capitales.

El objetivo de toda la organización no era otro que «acaparar» contratos públicos usando «medios ilícitos», lo que causó un «grave daño al interés público» al manipular numerosos concursos públicos.

En todo el entramado jugó un papel clave la existencia de una caja B en Fitonovo, que se nutría de facturación falsa con otras empresas suministradoras. El dinero negro que llegaba a esta caja servía, a su vez, para pagar los sobornos a los funcionarios y cargos públicos corruptos, pero también para generar gastos que reducían los beneficios para defraudar así a la Hacienda Pública y para retribuir a trabajadores en B.

2,5 millones en dividendos

Asimismo, con este dinero los dueños de Fitonovo constituían nuevas sociedades con las que después acudían a otros concursos y adquirían bienes —como pisos, plazas de garajes y hasta una yeguada— y realizaban inversiones y se pagaban dividendos que iban a parar, fundamentalmente, al principal accionista, Rafael González Palomo. Sólo por este concepto, se calcula que el fundador de Fitonovo se embolsó casi 2,5 millones.

Con el pago sistemático de sobornos, lograban manipular los concursos públicos para resultar adjudicatarios directa o indirectamente a través de otras sociedades vinculadas. Lo hacían, detalla el auto dictado por la Audiencia Nacional, alterando los contratos que ganaba durante su ejecución; presentando candidatos fantasma en los procedimientos restringidos u obteniendo información privilegiada sobre los procesos o sobre las empresas competidoras.

El ideólogo que diseñó todo el entramado, señala el juez de la Audiencia Nacional, fue González Palomo. Él, explica el auto judicial, fue el responsable del «diseño e implantación de la arquitectura comercial y contable» de la red.

Por este caso, aunque en otra pieza, están imputados ex cargos políticos del Ayuntamiento de Sevilla, como el ex director de Vía Pública, Domingo Enrique Castaño[10]; el ex primer teniente de alcalde de IU, Antonio Rodrigo Torrijos; o el ex portavoz de esta formación, José Manuel García[11], además de concejales del PSOE y uno del PP, Joaquín Peña[12], que formaba parte del gobierno municipal de Juan Ignacio Zoido[13] cuando estalló el escándalo.

Precisamente, los negocios de Fitonovo en el Ayuntamiento de Sevilla fueron el germen del caso, el hilo del que la juez Mercedes Alaya comenzó a tirar hasta desenredar la madeja que bautizó la primera fase de la operación desarrollada por la Guardia Civil.

En esta fase cayó, entre otros, Domingo Enrique Castaño, que fue además asesor de Alfredo Sánchez Monteseirín[14] cuando era alcalde, y cuyo enriquecimiento levantó las sospechas de Alaya cuando investigaba el caso Mercasevilla.”

(El Mundo / Andalucía / Chema Rodríguez / 17 Oct. 2017)

Y los años siguen pasando. Echando un vistazo por la ventana de internet al final de este agosto de 2021, nos encontramos con que la Audiencia Nacional en noviembre de 2020, quince años después del comienzo de la trama, dicta sentencia en la primera de las cinco piezas en que se dividió el sumario inicial con el resultado que se detalla a continuación, y que recoge el Diario de Sevilla el 13 de noviembre del citado pasado año 2020:

“El primer juicio de la operación Madeja queda con condenas mínimas de entre seis meses y tres años

La Audiencia Nacional absuelve a seis de los nueve acusados, entre ellos el ex consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote, el apoderado de Fitonovo y a un funcionario de la Agencia Andaluza del Agua al considerar que el delito ha prescrito

Una condena mínima en el primer juicio por las mordidas de la empresa sevillana Fitonovo, que según la Fiscalía había creado una ‘organización criminal’ para el pago de mordidas y regalos a cambio de la adjudicación de contratos públicos en las diferentes administraciones públicas. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a penas que van de los 6 meses a los 3 años de cárcel a tres de los nueve acusados en el juicio de la primera pieza del conocido como caso Madeja, macrocausa que investigó la juez Mercedes Alaya, en relación con los pagos de mordidas a funcionarios a cambio de contratos de obras públicas en torno a la empresa sevillana Fitonovo.

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional han dictado sentencia en el marco de la pieza separada 1 denominada ‘Administraciones Autonómicas e Insulares’, que abarcó actuaciones en las que intervino Fitonovo en las Islas Canarias, fundamentalmente relacionadas con el Cabildo de Lanzarote, en la Comunidad de Extremadura, relacionadas con la zona de Plasencia y Mérida, y la Comunidad de Andalucía, en las zonas de Sevilla y Huelva.

La Sala ha impuesto una pena de 3 años de cárcel por un delito continuado de cohecho a José María Pizarro Gómez, Jefe de Sección de Explotación de carreteras de Mérida (Badajoz), si bien le absuelve del delito de prevaricación por estar prescrito.

Además, el Tribunal condena por cohecho a seis meses de prisión a José Francisco Cazorla, jefe de Servicio de Conservación y Dominio Público Viario, de la Junta de Andalucía, y a José María López Torrego, jefe de Servicio de Carreteras de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía en la delegación de Huelva. La sentencia aplica a los tres condenados la atenuante de dilaciones indebidas, por lo que impone las penas en el mínimo de su mitad inferior.

Pero el fallo absuelve a los otros seis acusados. En concreto, la Audiencia absuelve a José Ulises González, Rubens Coba y Gustavo Aldolfo Gómez del delito de cohecho al haber retirado la Fiscalía su acusación, mientras que por prescripción de ese mismo delito absuelve también al delegado de Fitonovo Adolfo de la Torre García, al ex consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín de León y al funcionario de la Agencia Andaluza del Agua Carlos Francisco Irigoyen.

En sus fundamentos de derecho, la sentencia explica que los hechos ‘constituyen para todos los acusados un delito de cohecho, en alguna de las modalidades recogidas en las sucesivas versiones del código penal y, además, para el acusado José María Pizarro Gómez un delito de prevaricación’, si bien en algunos casos los delitos están prescitos.

El tribunal indica en cuanto a los hechos probados que las actuaciones de esta pieza se han centrado en las licitaciones a favor de Fitonovo en determinados contratos públicos relacionados con su objeto social en las Islas Canarias, Extremadura y Andalucía en los que diversos comerciales de la empresa pagaron comisiones, en efectivo o en regalos, a los funcionarios o autoridades que intervinieron en ellos, ‘perjudicando a la administración y al principio de libre concurrencia entre los solicitantes’.

Dice la sentencia que el objeto social de Fitonovo, empresa creada en 1990, era la venta y aplicación de productos fitosanitarios y semillas, y la conservación integral de vegetación y limpieza en redes viarias, vías férreas, áreas industriales, canales, aeropuertos, forestales y áreas verdes, lo que exigía una serie de comerciales repartidos por una parte importante del territorio nacional cuya misión fundamental era la venta, promoción y distribución de sus productos y servicios tanto en el sector privado como, especialmente, en el público, participante en relación a estos últimos, en un buen número de licitaciones de diversas Comunidades Autónomas.

Fitonovo llevaba una contabilidad paralela o caja B, no oficial, cuyos ingreso provenían de ‘supuestas e irreales facturas de empresas suministradoras o proveedoras que eran disimuladas en la contabilidad real aparentando compras o suministros de servicios, de forma tal que Fitonovo, o bien pagaba sólo la parte del IVA que se correspondía a las facturas realizadas o pagaba la cantidad total de la factura, devolviendo posteriormente el proveedor la parte correspondiente a la base imponible’.

El ‘impuesto revolucionario’ del consejero de obras públicas

En cuanto al consejero de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote Sergio Machín León, el fallo declara entre los hechos probados que solicitó al delegado de la empresa sevillana Adolfo De la Torre que ‘pidiera a Fitonovo 6.000 euros para el partido, propuesta que Adolfo trasladó a los representantes de la vendad, motivando la firma de un cheque al portador que Adolfo De la Torre trasladó a Las Palmas, hizo efectivo en el BBVA y entregó al indicado consejero en una comida en el restaurante Neptuno de la Costa Teguise el 25 de octubre de 2004, depositando la cantidad en el interior de un sobre que introdujo en la guantera del vehículo del citado funcionario’.

El acusado remitió como justificante de la entrega al funcionario en cuestión el día 28 de octubre de 2004 desde su dirección de correo electrónico el abono de la referida mordida, con el texto siguiente: ‘Impuesto revolucionario de Sergio Machín’”.

Como verá el lector tras el resumen anterior de una de las muchas tramas de corrupción que salpican de forma habitual nuestra querida España (y el resto de Europa y del mundo avanzado, que del otro más vale no hablar), esto de la Justicia con mayúsculas es harto difícil de entender. El tiempo lamina realidades y con ellas el prestigio de los inocentes y las penas de los culpables, con mal remedio para los primeros y jocosa ventura de los segundos que ven prescribir sus delitos aun siendo ciertos.

Y sobre la “Operación Enredadera” actual, de actualidad –valga la redundancia– por el acertado archivo de piezas separadas como la de Astorga, puestas en pie en su momento por un inoportuno “hallazgo casual”, que devuelve –tarde y mal– honorabilidades cuestionadas –que no años ya de sufrimiento–, decirle a mis lectores que próximamente y si mi editor está conforme, pondré a su disposición el origen más que real de la misma, verdadera filigrana y entramado que comienza algunos años antes que la otra Operación Enredadera ya expuesta, y que sale a la luz en 2018 y en la que los enredadores ponen a los pies de los caballos a decenas de instituciones locales y provinciales, la mayoría de ellas –que no todas– verdaderos enredados sin arte ni parte en el enredo.

Juan M. Martínez Valdueza

2 de septiembre de 2021

[1] Sergio Machín de León, de Coalición Canaria. En octubre de 2017 el juez José de la Mata confirma en su auto que hay indicios sólidos de que habría recibido 24.000 euros en comisiones ilegales.

[2] Cristóbal Pérez Martínez, del Partido Popular, concejal y segundo teniente de alcalde de La Carolina en esa fecha, quedó en libertad con cargos, dimitiendo y abandonando el partido unos días después, reincórporándose a su puesto de funcionario en el mismo ayuntamiento de La Carolina..

[3] Francisco José Gallarín Pérez, del Partido Popular, alcalde de La Carolina en esa fecha. Según Europa Press fue citado a declarar el día 21 de marzo de 2017 junto a Cristóbal Pérez Martínez en el Juzgado nº 5 de la Audiencia Nacional para declarar como investigados debido a que “…el empresario de Fitonovo José Antonio González Baro habría abonado ‘en concepto de dádivas’ al entonces concejal de Deportes Cristóbal Pérez Martínez o al alcalde Francisco Gallarín, en compensación por las adjudicaciones de contratos públicos a favor de la empresa, la cantidad de 38.929 euros.”

[4] José Antonio González Baró. Empresario vinculado a ‘Icon Desarrollos y Proyectos SL’, ‘Fitonovo SL’ y ‘Fiverde SL’.

[5] Rafael González Palomo. Empresario vinculado a ‘Fiverde SL’, ‘Ecosilva SL’, ‘Baal Decora SL’, ‘Agropombo SL’ y ‘Fitonovo SL’.

[6] Ángel Manuel Macedo Gajete. Apoderado de ‘Fiverde SL’ y de ‘Fitonovo SL’.

[7] Antonio Rodrigo Torrijos, de Izquierda Unida. Cofundador de Comisiones Obreras y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla. Vicepresidente de Mercasevilla. Imputado numerosas veces en casos como Mercasevilla, Fundación DeSevilla, etc.

[8] Antonio Miguel Ruiz Carmona. Persona de confianza de IU en el Ayuntamiento de Sevilla, asesor de Antonio Rodrigo Torrijos (ex primer teniente de alcalde y portavoz de IU), durante el mandato de Alfredo Sánchez Monteseirín. “Con la llegada del PP a la Alcaldía de Sevilla, IU y el PSOE pasaron a la oposición, y Ruiz Carmona fue nombrado representante de IU en el consejo de administración de Lipasam, hasta el año 2011”. En el momento de su detención “representaba a IU en el consejo municipal de mercados ambulantes”. (Fuente: El Mundo, Sevilla, María Rionegro, 11/11/2014)

[9] Carlos Javier Gamito González. Abogado. Asesor legal de ‘Fitonovo SL’. Peculiar personaje digno de estudio que recomiendo a los lectores profundizar en el mismo.

[10] Domingo Enrique Castaño, del PSOE. Exdirector del área de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y exasesor del grupo socialista.

[11] José Manuel García, de Izquierda Unida. Exconcejal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla y portavoz municipal de la coalición hasta su renuncia en noviembre de 2014, al ser imputado..

[12] Joaquín Peña, del Partido Popular

[13] Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular

[14] Alfredo Sánchez Monteseirín, del PSOE.