La mediación de la Oficina Provincial de Consumo de la Diputación de León permitió a sus usuarios recuperar el pasado año más de 83.000 euros en devolución de importes o cancelación de deudas, además de las actuaciones que no se pueden cuantificar económicamente. Es uno de los datos que el Servicio de Consumo, dependiente del área de Derechos Sociales, recoge en el balance del último ejercicio presentado con motivo de la celebración, este domingo 15 de marzo, del Día del Consumidor, en el que cifra en 2.516 los expedientes tramitados procedentes de 167 municipios de toda la provincia, de los que 1.507 fueron solicitudes de información y asesoramiento, y 1.009 reclamaciones.
De estas últimas, un 12 por ciento se resolvieron por archivo o traslado a otra administración por no ser de su competencia material o territorial y el 88 por ciento restante, un total de 884 expedientes, fueron objeto de mediación de la oficina provincial, con un tiempo medio de resolución de los expedientes de 63 días.
Resultado de esta mediación, el 53 por ciento de las reclamaciones tramitadas encontraron la satisfacción del usuario, ya sea con la consiguiente devolución de la cantidad reclamada, indemnización económica u otras demandas, un porcentaje que mejora en dos puntos porcentuales el obtenido en el periodo anterior.
Desde la sede de la Oficina de Consumo en el Complejo San Cayetano de León se lleva a cabo la gestión y tramitación de las reclamaciones, así como la atención al público de forma presencial y a distancia, vía telemática y telefónica, y en esta sede se han recogido el 64 por ciento de los expedientes. Además, con frecuencia semanal se acude a los puntos de atención al público de La Bañeza, que en 2019 aportó el diez por ciento de los expedientes, Ponferrada (16%) y Bembibre (diez por ciento).
Un año más las telecomunicaciones fueron las claras protagonistas de las preocupaciones de los consumidores de la provincia de León, acaparando el 37,4 por ciento de los expedientes tramitados, con un incremento del 4,4 por ciento respecto al año anterior. Los problemas derivados de las compras, realizadas tanto a través de tiendas físicas como por internet, llevaron al sector del comercio a la segunda posición de la lista, encontrándose en el origen del 11% de los expedientes tramitados. La electricidad sigue ocupando un lugar destacado entre las preocupaciones de los consumidores y en 2019 supuso casi el nueve por ciento, un dos por ciento más que en el ejercicio anterior, sector que vuelve a mostrar una tendencia al alza desde 2017. Los seguros y los automóviles, con un seis por ciento y los servicios bancarios, con un cinco, completan los sectores cuyos expedientes sobrepasan el cinco por ciento del total de los tramitados.
Esta ‘fotografía’ anual de las inquietudes del medio rural de la provincia en materia de consumo sirve como base para el diseño de las actuaciones en materia de formación y educación. En este sentido, durante el año 2019 se realizaron 68 charlas informativas en otras tantas localidades sobre temas de consumo que llegaron a más de un millar de personas y seis exposiciones con paneles informativos que abordaban de forma esquematizada y sencilla asuntos relativos a los servicios de telecomunicaciones, electricidad, actividad comercial, banca, seguros o servicios de reparaciones, entre otros. Asimismo, la Oficina de Consumo de la Diputación realizó 54 intervenciones en medios de comunicación y encontró colaboración en los Bibliobuses de la institución provincial para la distribución de material informativo de consumo, información que también hacen llegar a los vecinos de la provincia a través de la revista de ‘Consumidor al día’, de la que se editan 15.000 ejemplares que llegan a todos los ayuntamientos de la provincia.
La Oficina de Consumo de la Diputación de León tiene como funciones la defensa y asesoramiento de los consumidores y usuarios, con especial atención a la infancia, la tercera edad y la población de los núcleos rurales y su formación en materia de prevención de riesgos en el consumo de productos y de fraudes en la prestación de servicios. Su actividad se centra en la atención a consultas y tramitación de reclamaciones, tarea que se complementa con los programas de formación de los consumidores, así como con otras iniciativas que buscan optimizar los recursos disponibles para la defensa de los derechos de los consumidores.
