La marihuana, un eterno debate

Los cultivadores abogan por una regulación suave, como la que ya existe en algunos estados de Norteamérica, que incluso permitiría, dicen, una recaudación tributaria a las arcas administrativas. Pero Interior no se plantea esa posibilidad y, de hecho, ha puesto su punto de mira en esta droga. Mientras la Guardia Civil trabaja en pro de la ley, muchos sanitarios recomiendan su uso terapéutico para aliviar dolores en enfermos terminales. Un estudio reciente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD) revela que, aunque el 70 por ciento de la población española cree que hay que luchar por una sociedad sin drogas, cerca de la mitad se muestra partidaria de legalizar la venta de ‘cannabis’ a adultos.

La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana aprobada en solitario por el PP, conocida como ‘Ley mordaza’, trae este asunto de nuevo a la actualidad, pues castigará el consumo o la tenencia ilícitos de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, aunque no estuvieran destinadas al tráfico, en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos.

Entonces, la eterna duda se repite, ¿legal o no? En la actualidad, la venta de semillas en comercios especializados y con licencia es legal cuando es para coleccionismo y para fomentar el mantenimiento de la biodiversidad de las plantas, pero no lo es el cultivo y la germinación privada. Es decir, la venta sí, pero no su uso agrícola a no ser que sea cáñamo para uso textil. Sin embargo, el autoconsumo sí es lícito. Todo ello supone un “vacío legal” reconocido por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Para facilitar este consumo legítimo, existen asociaciones reguladas y que además están en alza. Hasta el momento, sólo se han creado en Madrid, País Vasco y Cataluña, región constituida como la promotora de estos entes encuadrados en un limbo legal que ha permitido su aumento exponencial en España. Javier Galiano, propietario del ‘grow shop’ Bioshiva, en Valladolid, echa en falta este tipo de asociaciones en Castilla y León. Entrar en este establecimiento de la capital vallisoletana supone aprender del sector. Vende semillas de decenas de variedades de ‘cannabis’, pero vigila, y mucho, su calidad, su porcentaje de tetrahidrocannabinol (THC), que debe ser prácticamente nulo para evitar problemas judiciales. No se sale del guion legal.

Galiano no teme reconocer que sí asesora a los clientes sobre el cultivo, porque es consciente de que muchas de las semillas que se venden pueden acabar sembradas. “Es preferible hacerlo así. No tengo miedo a admitirlo”, se sincera. Por ello, reclama una modificación en la ley para que cada uno pueda cultivar en su casa una cantidad determinada si realmente es para autoconsumo, con sus licencias y permisos obligatorios y la regulación oportuna.

El ejemplo americano

Algo así como lo que ya ocurre en algunos territorios de Estados Unidos, como Colorado, donde la marihuana recreativa ya es “legal para uso sanitario”. Cuenta con un sistema de control de inventarios equiparable a la trazabilidad de productos como los agrarios y ganaderos. Al ser legal, la Administración de este Estado recauda, de media, un 25 por ciento de impuestos sobre la venta de marihuana recreativa. Esto supone dos millones de dólares mensuales por un impuesto “salvaje”.

En Uruguay se ha logrado arañar una cuota al mercado negro para permitir sembrar una pequeña parte en domicilio de forma legal, una situación a la que ya se aproximan países como Marruecos o Swazilandia.

“En resumen, se trata de equiparar y obtener un impuesto de algo que es beneficioso para salud cuando está recomendado por un médico y que motiva que los jóvenes que consuman no acudan al mercado negro y tomen materia de baja calidad que es más perjudicial para la salud”, explica. Galiano defiende que “se persiga a saco al gran mafioso, al que siembra en cantidades ingentes y pretende ganar dinero traficando”. “Si te permitieran tener dos plantas en casa, ¿por qué vagar por la calle en búsqueda de producto de mala calidad?”, se pregunta.

La Policía no es tonta

Fuentes de la Policía Judicial de Burgos, la provincia castellana y leonesa con mayor índice de plantaciones, destacan que los ‘grow shops’ son totalmente legales porque la semilla no tiene THC, principal activo y compuesto químico psicoactivo predominante en el ‘cannabis’. Al contrario, tienen un concepto sanitario y si no cumple con los requisitos de la normativa europea se extraen del mercado. Para ello, se realizan revisiones y en los etiquetados debe estar la procedencia. “Cuando detenemos a alguien, muchas veces nos ponen la excusa medicinal, pero no vale”, dice.

Estos agentes especializados, que prefieren no desvelar sus identidades, aseguran que si se demuestra que “algún establecimiento utiliza su posición para surtir a delincuentes para el tráfico de drogas, sería delito por promover y facilitar”. Pero hasta el momento no se han registrado casos de intervención en estos locales. Por ello, reconocen que existe un “vacío legal” cuando se habla de autoconsumo.

La Policía Judicial, como señala el dicho, no es tonta, por lo que conoce perfectamente la procedencia de la materia con la que cuentan estos establecimientos. Incluso, añaden, el 80 por ciento de lo que se consume en Burgos procede de un ‘grow shop’ de La Rioja, “que se lo monta muy bien” y al parecer es de los mayores de España.

Las intervenciones antidroga se desarrollan a lo largo de todo el año, pues el ‘cannabis’ puede dar entre tres y cuatro cosechas anuales si son de invernadero. Éstas llevan aparejado un gran conocimiento de herramienta, potencia de luz, extractores, lámparas, transformadores y control de CO2. “En alguna intervención hemos encontrado a los presuntos delincuentes como auténticos biólogos, con la bata puesta”, manifiestan.

El artículo 368

Sin embargo, por mucho que se hable de este tipo de droga natural, nunca será delito si no se infringe el artículo 368 del Código Penal, que persigue, textualmente, a “los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines”. Esto puede conllevar penas de prisión de tres a seis años y multas económicas. “No obstante, con una o dos plantas no se puede demostrar que una persona vaya a traficar. Normalmente, si le sorprenden por la calle con cogollos, se pide un registro de vivienda”.

Por ello, es complicado acusar de tenencia de plantas, porque se encuentran, por ejemplo, en maizales, donde reciben humedad constantemente. En algunas ocasiones, el propietario de la parcela desconoce que pequeños delincuentes utilizan su tierra para ello. Son vistas desde el helicóptero porque la percepción es mejor, pero no por infrarrojos.

En todo caso, la Policía Judicial tiene claro que los expertos que se dedican a narcotraficar o al ‘menudeo’ de importancia no compran las semillas porque habitualmente tienen plantas ‘madre’. “Lo que busca un productor es una planta con entre un 18-20 por ciento de THC”, declaran las mismas fuentes. El límite de concentración por debajo del cuál no se considera ‘cannabis’ estupefaciente está fijado en el 0,2 por ciento.

Proceso final: incineración

Cuando los agentes se incautan de una plantación, la intervención se realiza “siempre” en presencia de un secretario judicial para dar fe y evitar suspicacias. Es un proceso “supergarantista” y si las plantas no están cortadas, se pesan en fresco y se conservan para secar y volver a pesar. Esos serán los datos válidos para ponerlos a disposición judicial.

Un laboratorio situado en Valladolid, único en la Comunidad, analiza las sustancias y extrae una muestra para valorar el porcentaje de THC. Después, cada subdelegación del Gobierno destruye por incineración las plantas ya secas por autorización del juez, pero se conserva una muestra para la prueba judicial, “pues la planta se seca más rápido que el tiempo que transcurre muchas veces hasta el juicio”.