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Una veintena de trabajadores de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF), entre ellos miembros de la base de Tabuyo del Monte, iniciaron este miércoles en Valladolid una marcha de protesta con la buscan dignificar su profesión y que arranca tras una huelga indefinida que acumula ya 79 jornadas.
Tras siete etapas repartidas en 185 kilómetros, el próximo día 20 tienen previsto presentarse ante la sede del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, donde además de llevar a cabo una concentración, esperan reunirse con la ministra Isabel García Tejerina.
Los integrantes de denominada ‘marcha negra’ de los bomberos forestales coincidieron en señalar que inician esta protesta con todas las “ganas e ilusión del mundo”, a la vez que destacaron que ellos se convierten en los abanderados de todo el sector. Además, insistieron que no se trata de “una cuestión de dinero” y argumentaron que su principal reclamación pasa por lograr el reconocimiento de la categoría de bombero forestal y la segunda actividad. “Sólo pedimos estabilidad laboral y tener garantizado un futuro. No podemos permitir, como ocurre ahora, que cuando nuestras condiciones físicas no sean las óptimas Tragsa nos ponga en la calle”, afirmó Juan Carlos González, un especialista de la base leonesa de Tabuyo.
La ‘Marcha Negra’ contó esta mañana con el apoyo de PSOE, Izquierda Unida y Podemos. Para el procurador socialista José Luis Aceves esta reivindicación pone de manifiesto la mala gestión que se viene haciendo de la conservación de los montes, a la vez que destacó que esta tarde, durante la Comisión de Fomento y Medio Ambiente que se celebra esta tarde en las Cortes de Castilla y León, el PSOE defenderá una proposición no de ley solicitando que a los efectivos contra los incendios forestales que dependen de la Junta se les reconozca la categoría de bombero forestal.
A su vez, Aceves criticó la gestión de la Junta, asegurando que en los últimos años ha recortado 32 millones de euros en partidas destinadas a la gestión forestal, y reclamó a Isabel García Tejerina que atienda las reivindicaciones de unos profesionales que “se juegan la vida en su trabajo”.
Por su parte el secretario general de Podemos, Pablo Fernández, aseguró que tanto las BRIF como el resto de dispositivos contra los incendios forestales constituyen un sector fundamental en una comunidad como Castilla y León con tanta masa forestal. Además, recalcó que es cuestión de “justicia y dignidad” que estos profesionales tenga derecho a una segunda actividad.
En una línea similar se pronunció el procurador de IU José Sarrión, que afirmó que “indigno que se esté explotando a los profesionales que defienden el medio ambiente”. A su vez, denunció los recortes en materia de prevención de incendios, “tarea que perfectamente se podría convertir en la segunda actividad de estos trabajadores”.
La ‘marcha negra’ tiene previsto llegar esta tarde a la localidad vallisoletana de Mojados, desde donde mañana emprenderán el camino hasta Coca (Segovia). El resto de las localidades finales de etapa son Santa María la Real de Nieva y Los Ángeles de San Rafael, ambas en la provincia de Segovia, así como las localidades madrileñas de Collado Villalba y Majadahonda.
A nivel nacional, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales están formadas por 550 bomberos distribuidos en diez bases. En Castilla y León son 135 los efectivos que trabajan repartidos en Lubia (Soria), Tabuyo del Monte (León) y el Puerto del Pico (Ávila).
Suárez-Quiñones desea un acuerdo con las BRIF “en las mejores condiciones para los trabajadores”
Casi en el mismo momento en que una veintena de trabajadores de esta brigadas iniciaba su marcha de protesta, el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, deseó en Segovia que haya un acuerdo entre las partes en conflicto “cuanto antes y en las mejores condiciones para los trabajadores, que hacen un servicio impagable”.
Suárez-Quiñones, que mantuvo este miércoles un encuentro con la alcaldesa de Segovia, Clara Luquero, explicó que se trata de trabajadores de la empresa pública del Estado Tragsa, donde la Junta de Castilla y León carece de competencias. Sin embargo añadió que “eso no quiere decir que no nos interesen las condiciones de los miembros de las BRIF porque colaboran con los medios de extinción cuando es necesario, deseamos que el conflicto se soluciones cuanto antes pero no podemos inmiscuirnos en él conflicto, es un conflicto laboral entre los trabajadores y una empresa del ámbito de la Administración del Estado”.
El consejero manifestó su deseo de que “sea resuelto de forma rápida el conflicto, aunque hay mecanismos legales para que termine si no hay acuerdo, pero deseamos que haya un acuerdo y cuanto antes, en las mejores condiciones para los trabajadores que hacen un servicio impagable”.
