La Junta renuncia al recurso contra la anulación de las oposiciones de enfermería

La Consejería de Sanidad anunció este viernes que no presentará recurso contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sobre la anulación de las oposiciones de enfermería, previstas para el pasado mes de noviembre. La decisión se toma, según un comunicado de la Junta, tras la consulta realizada a los servicios jurídicos y escuchar las posiciones de las organizaciones sindicales.

Sanidad propondrá a los sindicatos mantener una posición común para reclamar al nuevo gobierno de la nación que se adopten los cambios normativos necesarios para flexibilizar los criterios de formación de la Oferta Pública de Empleo para incluir, entre los mismos, una habilitación para la cobertura de aquellas plazas ya ocupadas por personal interino en las instituciones sanitarias. Además, destacó que para este ejercicio ha convocado ya 471 plazas de enfermería.

La Junta renuncia a acudir al Tribunal Supremo para recurrir la anulación de las oposiciones que el pasado año convocaron 554 plazas de las ofertas de empleo público de los ejercicios 2009, 2010 y 2011. La sentencia del TSJ atendió la demanda del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas al considerar que el proceso selectivo incumplía la norma sobre estabilidad presupuestaria y agrupaba plazas de un periodo superior a los tres años.

La anulación de las oposiciones a pocos días de que se celebraran afectó a 20.000 opositores por lo que varias organizaciones sindicales han solicitado a la Junta de Castilla y León que devuelva las tasas abonadas, unos 29 euros, así como una compensación por los gastos en que incurrieron los participantes, como los derivados del desplazamiento, el alojamiento o los permisos sin retribución para poder presentarse a la prueba.

La decisión de la Junta al final no se ha concretado en un anuncio de recurso, una fórmula que la vicepresidenta del Gobierno autonómico, Rosa Valdeón, planteó este jueves en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, ya que permitía dejar abierta la puerta a iniciar la vía de casación en el Tribunal Supremo. Con ella, la Junta pretendía lograr el consenso de las organizaciones sindicales, que han manifestado una división de opiniones sobre el recurso.