La Junta podrá autorizar actividades extractivas en suelo rústico con protección agrícola

La Junta de Castilla y León promueve una modificación del Reglamento de Urbanismo para habilitar un procedimiento de autorización “excepcional” de actividades extractivas en suelo rústico con protección agropecuaria. El Ejecutivo argumenta que los terrenos pueden ser restaurados una vez realizada la extracción minera, una posibilidad que sostiene se puede comprobar en la evaluación de impacto ambiental.

El Ejecutivo, a propuesta de las consejerías de Economía y Hacienda y Fomento y Medio Ambiente, ha elaborado un proyecto de decreto que prevé aprobar este año, una vez finalizado el proceso de información pública. La Junta ve “justificado” mantener la prohibición de actividades que afecten a los valores culturales o naturales protegidos en suelos rústicos.

No obstante, en respuesta a las demandas del sector, la Junta plantea la posibilidad de evaluar la compatibilidad de las actividades extractivas mediante un procedimiento de autorización excepcional. Considera que la protección de la naturaleza agropecuaria no puede hacerse “equivalente, en su intensidad”, con las aplicadas en base al medio ambiente o al patrimonio cultural.

“A diferencia de los valores tutelados en base a razones naturales o culturales, los valores de orden agropecuario son susceptibles de restauración una vez concluida la extracción minera; operación cuya efectiva viabilidad puede ser, como ya se ha dicho, objeto de adecuada y exhaustiva comprobación en el previo procedimiento de evaluación de impacto ambiental”, recoge el borrador, consultado por Ical, que precisa que la autorización excepcional se limita a actividades extractivas de carácter convencional.

Finalmente, el texto explica que la prohibición de actividades extractivas en el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León no se aplica directamente, sino a través de un instrumento de planeamiento que clasifica los terrenos en esa categoría concreta de suelo. También, precisa que el régimen legal para este tipo de intervenciones regula de forma pormenorizada la previa evaluación de impacto ambiental, como la posterior restauración del terreno, una vez finalizada la fase de explotación.