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ICAL La Junta de Castilla y León pagó 5.728.948 euros entre 2002-2014 por contratos con la empresa Cofely, la principal investigada por la Audiencia Nacional en la trama de comisiones ilegales ‘púnica’, e invitó a todas las administraciones, en especial las de la Comunidad, a hacer públicas sus relaciones y expedientes con la firma.
El consejero de la Presidencia y portavoz del Ejecutivo, José Antonio de Santiago-Juárez, informó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del listado de contratos con Sofely España y Sofely Contratic en ese periodo y aseguró que todos ellos “son limpios”, si bien se remiten a la Audiencia Nacional en lo que quiere ser un ejercicio de transparencia. “Ninguno está sujeto a la investigación” que dirige el juez Eloy Velasco, destacó.
También, se envía a la Audiencia Nacional el convenio entre Somacyl -empresa pública adscrita a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente- y la Universidad de Valladolid por el que se adjudicó a una UTE, en la que está Somacyl, por importe de 7.535.000 euros la red calor de la institución académica. De Santiago-Juárez explicó que este contrato no se suma al grueso de la Administración autonómica porque se realiza a través de un crédito pedido al BEI y no se ha pagado la obra.
En tal sentido, precisó que la obra -4.75.000 euros- la realiza la firma Rebi y el mantenimiento por quince años corresponde a Cofely -280.000-, pero añadió que ésta no ha empezado con su parte, aunque manifestó que se han puesto en contacto con la Uva y el Ayuntamiento de Valladolid para estudiar la posibilidad de que la primera empresa se encargue también del mantenimiento.
En el mismo periodo, la Consejería de la Presidencia tiene contratos -ejercicios 2002, 2003 y 2004- por importe de 39.714 euros relativos a desinfección, aire acondicionado y limpieza, ya que esa empresa se dedica al sector energético. En Hacienda, los pagos fueron de 160.353 euros por obras en el edificio Padres Paules y Bracamonte en Ávila.
Fomento y Medio Ambiente destinó 15.803 euros entre 2009-2013 al mantenimiento del edificio de Padre Paules en Ávila, mientras que la Consejería de Sanidad registra pagos de 4.717.116 euros en equipos de climatización efectuados por la Gerencia de Medina del Campo -4.383.964 euros- y en Ávila -163.118 euros-. Además, el mismo departamento, computado en la Administración General, tiene otro contrato de 92.955 euros.
En el caso de Economía y Empleo, el pagó es de 37.355 por el Servicio Territorial de Ávila, a lo que se unen los 190.930 euros computados por el Ente Regional de la Energía, donde se incluyen 150.000 euros de sistema de energía solar térmica del Hospital Río Hortega de Valladolid. Además, este año se adjudicó a la misma empresa el suministro de biomasa en Montemayor de Pililla (Valladolid) por 48.929 euros.
Agricultura y Ganadería abonó 459.162 euros, a través del Instituto Tecnológico Agrario, y en 2009 69.600 euros por una asistencia técnica para instalaciones en siete centros tecnológicos. En cuanto a Educación, la cantidad se eleva a 117.073 euros por obras en salas de calderas en institutos de Zamora y Ávila. Por último, los pagos de Cultura fueron de 19.584 euros en mantenimiento de calderas del Servicio Territorial de Ávila y Familia e Igualdad de Oportunidades 105.965 euros en centros de Ávila y Valladolid.
De Santiago-Juárez manifestó, como ya anunciara ayer el presidente de la Junta, que todos los consejeros informarán de estos pagos en sus comparencias en los próximos días en las Cortes de Castilla y León. Aunque afirmó que “no se criminaliza” a la empresa Cofely, en la “alguno de sus directivos” ha podido cometer algún acto ilegal, reconoció que sale “marcada” en el proceso abierto por la Audiencia Nacional.
Como conclusión, tras el informe solicitado por el presidente de la Junta a la Intervención General de la Comunidad, conocido hoy por el Consejo de Gobierno, el portavoz insistió en que todos los contratos son “limpios”, pero se dan a conocer y se remiten a la Audiencia Nacional en un ejercicio de transparencia, que son expedientes menores realtivos a sumistros y mantenimiento de servicios de calección y refrigeración y que ninguno de esos pagos se investiga por la justicia.
