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La Junta de Castilla y León garantizará la pervivencia de las mancomunidades clásicas y su convivencia con las nuevas de interés general, que tendrán una cartera de competencias más flexible, y el mantenimiento de los actuales servicios públicos, en la futura ley de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales (Ubost), cuyo texto prevé presentar este año para su aprobación en las Cortes.
El consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, adelantó hoy algunos de los contenidos de la futura ley durante una rueda de prensa en la que informó del último paso que abre su departamento en el proceso de aprobación de los mapas rurales, con el trámite desde el 12 de mayo al 13 de junio a los ayuntamientos, después de que lo hayan hecho ya las diputaciones.
De Santiago-Juárez explicó que el proyecto de ley será más amplio que los mapas y añadió que, después de “múltiples reuniones” en lo que calificó como el proceso más participativo y pedagógico con las entidades locales, se flexibilizarán “algunas cuestiones”. “Había el fantasma de que se cerraban servicios y nos cargábamos las mancomunidades clásicas, pero no es así”, aclaró.
Así, garantizó que se mantendrán los actuales servicios públicos en los pueblos, como las escuelas con cuatro alumnos, los consistorios médicos rurales, los centros básicos de salud o el número de los CEAS. “Había temores y dudas, pese al esfuerzo de pedagogía”, afirmó, para rechazar, a continuación, el “fantasma” de recortes que podía sobrevolar en el proceso de ordenación territorial rural.
El consejero avanzó también que se garantizará la pervivencia de las actuales mancomunidades -hay ahora 239- y las de Villa y Tierra, si bien reconoció que “hay un exceso” y que unas funcionan bien, otras regular y otras no tan bien, aunque precisó que su reorganización será un proceso posterior. No obstante, aclaró que no se van a suprimir, y “menos las que funcionan”. “No se deshace algo que funciona”, subrayó.
Entre los contenidos de la ley, estará también la flexibilización de la cartera de competencias de las mancomunidades de interés general al entender que “es muy amplía”, si bien será homógenea, pero con un grupo menor de materias. También, se recogerá la idea del Consejo Comarcal del Bierzo de ser más flexibles para que se produzca la delegación de competencias de los ayuntamientos a la entidad supraminucipal, ya que después de 25 años de funcionamiento de la única comarca que hay por ley en Castilla y León ese extremo no se ha producido.
De Santiago-Juárez recordó que la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, aprobada en septiembre de 2015 con los votos de PP y PSOE, prioriza las mancomunidades de interés general y “podía dejar en una mala posición a las clásicas que funcionan bien”, por lo que observó “sensato” que tengan el “mismo tratamiento” para evitar el “recelo”.
Tras recalcar que “unidos es es más fuerte”, como ha defendido en todo momento de este proceso de puesta en marcha del modelo de ordenación territorial, De Santiago-Juárez subrayó que la creación de mancomunidades de interés general es voluntaria y señaló que se puede primarlas, pero “no obligar”. “Lo que se hace (en la ley) es crear una herramienta nueva, pero sin derogar la existente”, explicó.
Para analizar las mancomunidades existentes que funcionan, se refirió a las cuentas de las mismas o a si están saneadas, porque señaló como hay algunas creadas que no tienen actividad. En relación a que algunos municipios pertenecen ahora a más de una mancomunidad en función de los servicios que presta y sí su buen funcionamiento puede motivar que no den el paso para crear una MIG, afirmó que “una cosa es flexibilizar y otra la anarquía” y calificó de “raro y extraño que funcione”, aunque añadió que “no toca ahora”.
Conversaciones con los grupos
De Santiago-Juárez reconoció que se trabaja de manera discreta con el PSOE y se mostró optimista en que se llegue a un acuerdo para la aprobación de la ley en las Cortes con el voto de los socialistas. Además, se decantó por hablar con todos los grupos, conforme al acuerdo del 22 de julio entre Junta y partidos para avanzar en el desarrollo del modelo, si bien afirmó que “quien mejor entiende el proceso” es el PSOE, al dar su apoyo a la ley y a los mapas urbanos.
Tras la audiencia a las diputaciones provinciales, el mapa se queda en 177 unidades rurales, sobre las 176 iniciales, cuando se presentaron el pasado mes de septiembre, que pasaron a 178 en el trámite de información pública entre septiembre y enero. La Ubost suprimida corresponde a Segovia, al aceptar una alegación de la corporación provincial segoviana para dar solución al problema planteado por Otero de los Herreros, Ortigosa del Monte, la Losa y Navas de Riofrío.
En el trámite de las diputaciones provinciales se presentaron 21 alegaciones, cinco en relación al cambio de nombre de la Ubost, que fueron aceptadas, nueve a cambios de municipios y una a un cambio de un núcleo de población. Los cambios parciales planteados afectan al 9 por ciento sobre las 178, mientras que el 91 por ciento cuentan con el aval de las corporaciones de las nueve provincias. De esa manera, Presidencia ha aceptado 12 supuestos, que implica a 15 unidades.
Tras el mes a consulta por los ayuntamientos, Presidencia solicitará informe al Consejo de Cooperación Local y, después del estudio de las alegaciones presentadas, se aprobará la propuesta del mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio que se remitirá a las Cortes.
