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El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, advirtió de que se esperan días “muy difíciles” durante las próximas semanas con el COVID, con una incidencia acumulada disparada, y apuntó que el Ejecutivo autonómico está pendiente de analizar nuevas medidas para adoptar restricciones. En todo caso, a día de hoy, descartó la convocatoria de un Consejo de Gobierno extraordinario antes de las Navidades para adoptar algunas acciones restrictivas, que, a su juicio, deberán ser “proporcionales” a cada momento y situación.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea reconoció que la situación es “preocupante” y no descartó que haya “serios” problemas de saturación asistencial en las próximas semanas si no se extreman las medidas para evitar los contagios de coronavirus, sobre todo con la variante ómicron que es “altamente” transmisible. “Nuestras tasas de ingreso en UCI y hospital por 100.000 habitantes han resistido bien, hasta ahora, con la vacunación pero los altos niveles de incidencia pueden cambiar esta situación y llegar a un riesgo alto”, sentenció.
El portavoz de la Junta eludió hablar de nuevas medidas restrictivas como de aforos y horarios y se remitió a las conclusiones que se adopten en el Comité de Salud Pública, a nivel nacional, y del comité de expertos de Castilla y León para valorar la “pertinencia o no” de actuaciones. Eso sí, subrayó que el Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) ha indicado hoy que serán necesarias medidas no sanitarias para contener el avance de las variantes delta y ómicron. “No podemos adoptar medidas que no sean eficaces por que las medidas tienen que ir en paralelo a la situación de saturación hospitalarias y a las recomendaciones nacionales y del propio comité de expertos”, añadió.
Recordó que la Junta ya descartó la aplicación del pasaporte COVID por su “ineficacia”, ya que desde el punto de vista de la evidencia no ha colaborado en el control de la epidemia en estos momentos. Algo que, a juicio, ha quedado demostrado en los países europeos y las comunidades que lo han puesto en marcha
En el caso de la Comunidad, apuntó que las decisiones tendrán en cuenta la posibilidad de mantener “manejable” la prestación de servicio y la atención sanitaria. No solo se refirió a la atención hospitalaria, de la de que dijo que aún no ha sido necesaria suspender la actividad quirúrgica, sino también a la Primaria, donde hay un riesgo de saturación. Es por ello que Igea solicitó el “máximo” respeto y compromiso con los profesionales que llevan casi dos años sometidos a una “extrema” tensión y con condiciones de trabajo “muy difíciles”.
Incidencia de 655 casos
Francisco Igea recordó que la incidencia acumulada del COVID en Castilla y León es de 655 casos a 14 días y de 419 a siete días, por lo que todo hace suponer que en las próximas semanas continuará ese crecimiento. Y es que precisó que los aumentos son superiores al 0,5 por ciento en todas las provincias y los números de reproducción indican un aumento sostenido y a buen ritmo. El portavoz de la Junta puso el acento en la provincia de Valladolid, que roza los mil casos de incidencia acumulada (963) y tiene 626 a siete días. “Es muy probable que la próxima semana supere las cifras de 1.400 e incluso los 1.500”, aseveró. A continuación, aparece Palencia, con 750 casos a 14 días y 464 a siete días. Por el contrario, Zamora es la provincia con menor incidencia de toda la Comunidad aunque cuenta con 535, que también es una tasa muy elevada. De ahí que apostó por cambiar la calificación del riesgo que, en la actualidad, aparece en la página web de la Junta como “controlable” cuando la realidad es otra distinta.
Ante esta situación, Francisco Igea insistió en el llamamiento a la responsabilidad individual, tal y como se recoge en una campaña de información que lanzará la Junta en los medios de comunicación y las redes sociales. Un anuncio que recoge el mensaje de extremar las medidas de precaución, continuar con el uso de la mascarilla, mantener la distancia social, ventilar los espacios cerrado y evitar las situaciones de riesgo como la reunión de muchas personas, además de hacer un llamamiento a la vacunación. “No queremos aterrorizar a la población si no solo informar de lo que es previsible”, declaró.
60 rastreadores más del Ejército
Por lo tanto, incidió en evitar grandes reuniones, ya sean públicas o privadas; reducir contactos entre grupos sociales y laborales diferentes; priorizar el teletrabajo y mejorar técnicas de rastreo. En este sentido, anunció que la Consejería de Sanidad ha solicitado al Ministerio de Defensa aumentar la dotación de rastreadores en 60 personas, por lo que la cifra de profesionales de las Fuerzas Armadas destinadas a estas labores en la Comunidad se elevaría a 192, que se sumarían a los 348 dependientes de la Junta. Además, se ha solicitado la activación de los Cecopis (Centro de Coordinación Operativa Integrado) para garantizar el cumplimiento de las medidas actualmente en vigor.
El vicepresidente del Ejecutivo autonómico señaló que los datos indican la “importante” diferencia de riesgo entre vacunados y no vacunados en cuanto a los ingresos hospitalarios, en UCI y fallecimiento. Incluso, confesó que ha habido algún paciente menor de 40 años fallecido por COVID por no estar inmunizado.
