La Junta anuncia 65.000 test serológicos y 195.000 de antígenos para usuarios y trabajadores de residencias

Servicios Sociales facilitará las pruebas necesarias a los centros residenciales y recuerda que los resultados se deben incorporar a la historia clínica

La Junta de Castilla y León, a través de la consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha anunciado este sábado que se están llevando a cabo cribados para la detección del COVID-19 en centros residenciales públicos y privados de la comunidad, para lo que cuenta con un total de casi 65.000 test serológicos y otros 190.000 test de antígenos.

En un comunicado, explicó que se ha comenzado por un primer cribado con test serológicos rápidos de anticuerpos a trabajadores y a residentes para, con posterioridad, realizar test de detección de antígenos de SARS-COV-2.

De esta forma, se facilitará a los centros residenciales de personas mayores los test necesarios para la realización de los mismos y las personas que hayan tenido una infección confirmada y resuelta por SARS-COV-2 los tres meses anteriores, estarán exentos del cribado.

Para ello, cuentan en Ávila con 5.003 test serológicos y 14.475 test de antígenos; Burgos, 9.947 test serológicos y 28.916 test de antígenos; León, 10.088 test serológicos y 30.011 test de antígenos; Palencia, 5.519 test serológicos y 15.740 test de antígenos; Salamanca, 9.951 test serológicos y 28.918 test de antígenos; Segovia, 4.139 test serológicos y 12.045 test de antígenos; Soria, 3.485 test serológicos y 10.699 test de antígenos; Valladolid, 10.622 test serológicos y 31.234 test de antígenos, y Zamora, 6.158 test serológicos y 18.038 test de antígenos

Además, la Gerencia de Servicios Sociales recordó que los resultados del test deben ser incorporados a la historia clínica de los residentes y en el caso de los trabajadores, los resultados serán comunicados a éstos de manera fehaciente (mediante e-mail, informe escrito por parte de quien realiza la prueba u otros medios). El trabajador deberá comunicar su resultado a su médico de cabecera y al SPRL correspondiente, para su inclusión en la historia clínica.

Con el objetivo de proteger tanto a los mayores como a los trabajadores, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades seguirá garantizando que todo el personal de los centros residenciales de personas mayores, personas con discapacidad, centros de menores y viviendas tuteladas dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales, dispone de los Equipos de Protección Individual necesarios, adecuados a la actividad que desempeñan y al riesgo al que se exponen.

Igualmente, la Gerencia de Servicios Sociales precisó que está adoptando todas las medidas necesarias para proteger la salud e integridad física de empleados y usuarios de centros residenciales de personas mayores de Castilla y León, siempre respetando sus derechos fundamentales.

También, recordó que las pautas establecidas en la guía de actuaciones para las residencias y centros de día públicos y privados de personas mayores y de personas con discapacidad durante la situación de riesgo sanitario por COVID-19 en la Comunidad, se va actualizando en función de la evolución de la pandemia y de la situación epidemiológica de la Comunidad y de los centros.

Suministros

Asimismo, desde el inicio de la pandemia y hasta que acabe el año, se habrán destinado casi cinco millones y medio de euros a la adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIS) repartidos en los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales con el objetivo de garantizar la salud de residentes y trabajadores.

En ese sentido, la Junta recordó que ha destinado desde el pasado mes de mayo, una partida de casi cinco millones de euros lo que ha permitido la adquisición de guantes de nitrilo (3,21 millones), guantes de vinilo (siete millones), mascarillas quirúrgicas (1,16 millones), mascarillas FFP2 (1,1 millones) y batas (224.000 unidades).

Finalmente, la Junta apeló a la responsabilidad de los ciudadanos para evitar la propagación del virus, también dentro de las propias residencias, con el objetivo de proteger a nuestros mayores que conforman en estos momentos uno de los colectivos más vulnerables.

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