La Diputación de León prevé mejorar las condiciones para que la contratación de los parques de bomberos comarcales sea más atractiva a las empresas. Hasta la fecha, el único parque construido ha sido el de Villablino, consistiendo las obras en la remodelación de un edificio ya existente. Del resto de los parques previstos ninguno ha visto la luz. Es el caso del que dará servicio a Astorga y La Bañeza, que se prevé ubicar en Celada de la Vega y cuyo intento de adjudicación fracasó al no haber empresas interesadas.
En cuanto al resto de la provincia, la empresa adjudicataria de la construcción del parque de Cistierna ha renunciado a ella hace unos días mientras las instalaciones previstas en la Pola de Gordón y Valencia de Juan se hallan en la misma situación que las de Celada. Sobre el parque de Bembibre se ha dudado incluso sobre si se construirá o se cambiará a otra ubicación dentro del Bierzo, más lejana a Ponferrada -que cuenta con parque propio-
El nuevo equipo de gobierno socialista -en coalición con UPL- de la Diputación considera que los presupuestos de licitación de los parques, establecidos bajo mandato ‘popular’ son muy bajos, por lo que prevé subirlos, previsiblemente entre un 30 y 40 por cien, según ha confirmado fuentes provinciales.
Pero el nuevo equipo de gobierno provincial no solo ve problemas en las construcción del los parques, sino en todo el proyecto del Sepeis (Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la provincia de León), especialmente en la gestión, por lo que quiere redefinirlo con la Junta de Castilla y León una vez que finalice el estado de alarma.
Precisamente, la semana pasada se conocía una sentencia que anulaba el acuerdo de la Diputación para crear el Sepeis del modo en el que se había concebido por el gobierno provincial del PP. El fallo del Juzgado del Contencioso-Administrativo número 1 de León estima el recurso interpuesto por la representación procesal de CSIF contra el Acuerdo del Pleno de la Diputación Provincial de León de fecha de 25 de octubre de 2017, “por medio del cual se procede a la aprobación definitiva de la memoria comprensiva de los aspectos social, jurídico, técnico y financiero del Sepeis de la provincia de León, declarando la nulidad de dicho acuerdo”.
El CSIF apunta que el problema de esta iniciativa es que “lleva años enzarzada en un inexplicable empeño de crear un servicio de prevención, extinción de incendios y salvamento mediante la gestión directa de las funciones de dirección, planificación, coordinación y control con bomberos funcionarios, mientras el resto del personal de bomberos se llevaría a cabo de forma indirecta, por medio de un contrato con una empresa para que preste este servicio”.
En opinión del sindicato los bomberos deben ser funcionarios, ya que las tareas que tienen que llevar a cabo conllevan necesariamente el ejercicio de funciones de agente de autoridad, “que solo se reconoce al profesional funcionario”.
