El presidente de la Diputación de León, Juan Martínez Majo, anunció este lunes la puesta en marcha de un nuevo plan en la institución provincial, dotado con 22,1 millones de euros y que irá destinado a la mejora de las redes e infraestructuras en los municipios de menos de 20.000 habitantes. Con esta iniciativa, que a juicio del presidente de la institución es “el plan más ambicioso” con el que se quiere mejorar la calidad de vida, no solo de los municipios, sino en particular de los vecinos y “mejorar las oportunidades” en el mundo rural.
Majo insistió en que este plan -uno de los nuevos de la institución provincial- se basa en “criterios objetivos” e irá destinado “ a todos, con independencia del color político”. De esta manera, el reparto se hará entre todos los municipios de menos de 20.000 habitantes, en una cuantía que variará en función de su población, y que oscilará entre los 60.000 euros de los municipios de hasta 250 habitantes, y los 250.000 euros que recibirán los más próximos a los 20.000 habitantes.
Las bases del Plan Especial de Infraestructuras y Redes se debatirán en el pleno del próximo lunes y, una vez publicado en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), los ayuntamientos tienen un plazo de un mes para presentar los proyectos. “Queremos que estén licitados y adjudicados lo antes posible, pero le daremos de plazo hasta septiembre del próximo año para que las ejecuten”, incidió Martínez Majo.
En ellas se establece que los ayuntamientos “donde existan redes de abastecimiento de fibrocemento, es decir, las más antiguas, deberán dedicar un mínimo del 50 por ciento a su renovación”, mientras que el resto podrán dedicar la totalidad de la inversión a inversiones financieras sostenibles. En este sentido, el presidente de la Diputación puntualizó que a día de hoy son 90 ayuntamientos los que tienen la obligación de acometer la renovación de redes. “El amianto tiene que desaparecer de las redes”, añadió.
Majo reclamó a los ayuntamientos “mente abierta” para dotar de infraestructuras a los municipios y para favorecer el asentamiento de empresas en el mundo rural. Además, insistió en que este plan redistribuye recursos “de forma eficiente y esperemos que eficaz”. Majo también aludió al último dato de una encuesta que apunta a que este plan podría generar más de 300 puestos de trabajo y generar una actividad económica por importe superior a los 42 millones de euros.