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La Diputación de León levanta la suspensión de plazos administrativos para la tramitación del Plan Provincial de Cooperación Municipal con el objetivo de poner cuanto antes a disposición de los municipios de menos de 20.000 habitantes estas ayudas para contribuir a paliar los devastadores efectos que la pandemia del COVID-19 ha generado a la economía en general y al mercado laboral en particular.
Así lo recoge la resolución del presidente de la institución, Eduardo Morán, dictada en virtud de delegación efectuada en el pleno extraordinario celebrado el pasado 27 de marzo de forma telemática para garantizar el funcionamiento de la institución provincial, y publicada este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), en la que se detalla que el contexto actual hace necesaria la adopción de medidas que permitan minimizar el impacto económico y social de la crisis sanitaria y, por tanto, justifica la decisión de continuar con el procedimiento permitiendo así a los ayuntamientos acceder con la máxima celeridad posible a esta convocatoria que tiene consignado un presupuesto de 18,5 millones de euros.
La convocatoria y bases reguladoras (con los oportunos documentos anexos para realizar la solicitud) se publicaba en el BOP del pasado 1 de abril tras su aprobación en la sesión plenaria celebrada de forma telemática con el objetivo de evitar la paralización de la labor de la institución provincial y poner en marcha medidas que contribuyan a paliar los efectos de la crisis sanitaria en el medio rural leonés. No obstante, la tramitación y resolución de las subvenciones del Plan Provincial de Cooperación Municipal se veía obstaculizada por la paralización de plazos administrativos que, ahora, en aras de atender a la prioridad reconocida por el Gobierno de minimizar el impacto social de la crisis y facilitar que la actividad se recupere lo más pronto posible, se ve levantada dando curso a la recogida de solicitudes de los ayuntamientos, que disponen de 40 días hábiles.
Estas ayudas están destinadas a subvencionar inversiones y a financiar obras de rehabilitación de inmuebles de propiedad municipal o adquisición de inmuebles para destinarlos a uso de vivienda con carácter de residencia habitual y permanente con el fin de contribuir al asentamiento de población en los núcleos rurales y al mantenimiento y rentabilización del patrimonio público de los municipios de la provincia. El presupuesto consignado asciende a 18,5 millones de euros, una cuantía que prevé que la totalidad de los municipios se acojan a la subvención, que se repartirá con una asignación fija en función de la población del municipio tomando como referencia el padrón actualizado por el INE a fecha 2 de enero de este año, y con unos límites máximos de 51.400 euros para los 37 municipios de hasta 250 habitantes; 65.900 euros para los 64 de entre 251 y 500; 90.000 euros, para los 51 de 501 a mil habitantes; 120.000 euros en los casos de los 39 municipios de 1.001 a 3.000 vecinos; 146.000 euros como tope para los ocho de 3.001 a 5.000, y 190.000 de límite en los nueve municipios de más de 5.000 habitantes y menos de 20.000.
El plazo de resolución de la convocatoria, que corresponde al pleno, será de seis meses a contar desde el día siguiente a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
