La defensa del caso de Denise Pikka pide la nulidad del proceso por vulnerar derechos y contaminación de pruebas

La defensa de Miguel Ángel Muñoz Blas, el condenado a 23 años de prisión por el asesinato de la peregrina norteamericana Denise Pikka, ha solicitado hoy en Burgos la nulidad del proceso por “vulneración de derechos fundamentales” y ligereza “en el proceso policial de detención”, así como por la “contaminación de pruebas”. Del mismo modo, piden una rebaja de la condena a doce años al entender que no existen indicios que indiquen que el acusado actuó con alevosía.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCYL) celebró hoy en el Palacio de la Audiencia  la vista oral del recurso presentado por el abogado de Miguel Ángel Muñoz, el condenado a 23 años de prisión por el asesinato de la peregrina norteamericana Denise Pikka. La defensa del acusado presentó un recurso de apelación al entender la “supuesta vulneración” de los derechos fundamentales de Muñoz.

En este sentido, los abogados de Muñoz -los letrados Vicente Prieto y Emilio Cortés- expusieron un recurso de apelación que plantea “una serie de vulneraciones de derechos fundamentales del condenado” con una serie de nuevos argumentos que buscan “conseguir que se aprecie la cantidad de irregularidades y vulneraciones del proceso”. Así, Cortés- encargado del recurso de apelación y de casación, planteó “que se analicen los derechos vulnerados partiendo de la ilicitud y ausencia de cobertura constitucional” en la detención de Muñoz.

La defensa entiende que esa detención- efectuada en Asturias- “es el punto de partida de una catarata de irregularidades”. “Ponemos de manifiesto que la instrucción no ha sido rigurosa y en el curso de ella se ha procurado buscar más a un culpable que al culpable del hecho”, aseveró el letrado que entiende que “no hay prueba de cargo suficiente contra el detenido y que la misma está contaminada”.

Recurso de apelación

Los letrados del único condenado por el asesinato de la peregrina norteamericana creen que el magistrado debe “analizar los posibles vicios” que se introdujeron en el proceso de instrucción así como “la ligereza con la que actuó la Policía Judicial” en los primeros momentos de la detención del leonés. Así, Cortés entiende que “se actuó con un ansia” motivada por el Consulado de Estados Unidos tras la denuncia presentada por el hermano de la entonces desaparecida.

En concreto, el letrado argumentó que hubo una “fijación pertinaz” en la figura de Muñoz, con una entrada y registro “improvisado” en su vivienda. En la misma, recordó que se llevó a cabo un registro en el que se halló “un gorro de peregrino” que “se usó como prueba” sin cotejar de una forma fiel el ADN del mismo.

Se inició entonces lo que definió como “un cerco policial” que llevó a la detención de Muñoz en base a “las indagaciones” y preguntas a vecinos que “dijeron que era una persona social y que no tenía inodoro en su casa”. “Ninguna persona pudo probar los hechos y no se puso de manifiesto la participación del acusado en los actos”, aseveró Cortés. Con todo, declaró que “no había indicios suficientes para la detención”.

La defensa también subrayó la inexistencia de presencia letrada para el acusado en las primeras horas de su detención al tiempo que recordó aspectos de la sentencia del caso que calificaron de “débiles o sin peso” algunos aspectos que después “condenarían a Muñoz” como la existencia de dólares en su poder o el cambio de los mismos en una entidad bancaria doce días después de la desaparición de Denise.

Con todo, el recurso de apelación determina que no hay reconocimiento cierto de los hechos por parte del acusado y después condenado por asesinato y robo. Del mismo modo, se solicita que no se aplique el agravante de alevosía al “carecer de datos que impliquen que el acusado actuó con tal”.

Detención y sentencias justificadas

Para la Fiscalía, tanto la detención como la sentencia de asesinato quedarían justificadas en base a la declaración efectuada por el condenado pocas horas después de su detención en Asturias. Así, el fiscal recordó que la detención de Muñoz quedó justificada en base a una serie de indicios entre los que tomó peso el cambio de la cantidad de mil dólares en una entidad bancaria y el viaje no concretado de Muñoz a Asturias poco después de que Denise desapareciera.

Del mismo modo, el Ministerio Fiscal recuerda que el condenado se limitó a decir que no participó en la muerte, aunque llevó a los agentes hasta el lugar en el que se encontraba el cadáver. Así, argumentó que los interrogatorios se llevaron a cabo “con todas las garantías judiciales” resultado “evidente que hay una prueba de cargo”.  Del mismo modo, el fiscal destacó cómo en su momento Muñoz “llevó a los policías hasta e lugar en el que confesó haberla golpeado”.

Tanto el Ministerio Fiscal como la acusación entienden que no hay pruebas que puedan desestimar la condena de Muñoz.

El acusado, Miguel Ángel Muñoz Blas, fue condenado por la Audiencia Provincial de León a una pena de prisión de 23 años como autor material del asesinato de la peregrina. El fallo le impuso una pena de 20 años por acabar con la vida de la mujer norteamericana en las proximidades de Castrillo de los Polvazares, en la provincia de León, y tres por un delito de robo con violencia.

Asimismo, se condenó a Muñoz a indemnizar a la familia de los padres de la víctima con 120.000 euros y al abono de 30.000 al hermano de ésta. Del mismo modo, se decidió que debe devolver los 1.132 dólares que sustrajo a la mujer asesinada.