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Los cazadores tomaron este miércoles por la mañana la Plaza de las Cortes de Castilla y León en defensa de la actividad cinegética en la Comunidad y frente a la “contaminación” del “animalismo radical” de la judicatura y los intereses políticos. Representantes de asociaciones de cazadores procedentes de toda la Comunidad y de otros lugares de España, junto responsables de las organizaciones profesionales agrarias exigieron el blindaje de la caza, durante la toma en consideración por parte del pleno de las Cortes, de una proposición de ley, en respuesta a una sentencia del TSJ que prohibía la actividad cinegética en la comunidad.
Los manifestantes, que lanzaron consignas a favor de la actividad cinegética, advirtieron de que los “cazadores unidos no serán vencidos” y portaron banderas españolas y pancartas que revelaban sus múltiples lugares de procedencia. Así, se pudieron leer mensajes de las grandes organizaciones como ‘Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural. Contra la intolerancia, el odio y las amenazas del animalismo radical’ y ‘Federación de Caza de Castilla y León. Si a la caza. Una forma de vida’. Asimismo, otros constataban su origen con mensajes desde ‘Montaña de Riaño. Si a la caza no a la manipulación’; ‘El Bierzo con la caza, el mundo rural y la conservación de la naturaleza’; ‘Valladolid unida por el deporte de la caza’; ‘Arte, vida, cultura y tradiciones del campo. Desde Valladolid pedimos respeto’ o ‘Federación Riojana de Caza. Por las tradiciones del mundo rural. La caza también vota’.
Algunas reivindicaban su apoyo desde la especificidad, como las organizaciones del ‘Perro perdiguero de Burgos’; ‘Los galgueros palentinos dicen sí a la caza’; ‘Hunters Pisuerga, por el mundo rural y el respeto’; ‘Sin rehalas no hay monterías. Asociación de Rehalas Regionales Españolas’ o ‘Las mutuas de los cazadores’.
La concentración frente a la sede del Parlamento autonómico coincidió con la llegada de otra manifestación convocada por la Federación de Servicios Públicos de UGT, para exigir las 35 horas para los empleados públicos. Los delegados sindicales, que en un principio se quedaron en un lateral, avanzaron y se colocaron delante de los cazadores, que lo consideraron una provocación y también avanzaron, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a intervenir para evitar un posible enfrentamiento.
Entre los manifestantes se pudo ver a los presidentes de la Oficina Nacional de la Caza, la Conservación y el Desarrollo Rural (ONC), Felipe Vegue; de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, y de Asaja, Donaciano Dujo, o los coordinadores de La Alianza UPA-COAG Aurelio Pérez y Aurelio Delgado, entre otros.
Felipe Vegue atendió a los medios y expuso que la manifestación pretendía apoyar a los parlamentarios durante la aprobación de la proposición de ley de reforma de la ley de caza para blindar la actividad frente a las resoluciones judiciales. Vegue expuso que la medida adoptada por las Cortes busca “defender” al colectivo y aportar una “solución rápida” a una problema que “no han creado los cazadores”, sino que “ha venido impuesto por la contaminación del animalismo radical en la judicatura”.
Felipe Vegue defendió que seguir cazando con sus perros es “una libertad” que no puede coartar nadie y cargó contra el “progresismo rancio, que dice que tenemos libertades y lo único que hacen es prohibirnos y limitar aún más nuestra actividad”.
Responsabilidad a la jueza
El portavoz de la protesta anunció además que las mayores organizaciones de caza de España están sopesando “pedir responsabilidades” a Ana María Martínez Olaya, que preside la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJCyL, por la resolución que dictó contra la caza en la Comunidad. “No es lógico ni normal que automáticamente sus sentencias vayan en contra del mundo rural y lo que representamos, y no solo contra nuestro colectivo como cazadores, sino también contra los agricultores y ganaderos”, dijo.
Vegue asumió también que la situación también se ha producido en la Comunidad, y no en otras autonomías, porque “los deberes del medio ambiente los tenían mejor hechos que en la nuestra”. Asimismo, indicó que “quizá” también se produjo “un poco de confianza y dejadez de la Junta a la hora de redactar una orden de vedas en condiciones”.
Sin embargo, sentenció que no cree que ese sea el problema, sino que la situación deviene porque el poder judicial “desmerece una y otra vez y no se detiene a leer” los informes técnicos y científicos” de sus organizaciones y de biólogos sobre la caza. “Pensamos que tenemos que demostrar que ha habido una contaminación en el poder judicial por parte del mundo animalista”, resumió.
Por último, expresó su confianza en el poder político de Castilla y León para solventar el problema y advirtió de que la Comunidad “se está jugando muchísimo como autonomía” ante la “contaminación del mundo radical, el fundamentalismo radical y animalista”. Así, garantizo que ese 20 por ciento de población que vive en el medio rural, que parece no interesar a nadie se enfrentará en una “lucha sin cuartel en el futuro” frente a esa contaminación de intereses políticos del mundo animalista.
Una barbaridad
Por su parte, el coordinador de La Alizana UPA-COAG Aurellio Pérez advirtió de que el problema “es mucho más grave de lo que parece” y no sólo se extiende a los daños económicos por la caza como ocio y a la agricultura y la ganadería, por el impacto de los animales, sino también porque se van a poner en peligro vidas. “Asistimos a un sistema de poner señales de peligro a animales sueltos en la carretera, pero cuando empecemos a tener problemas de verdad y haya vidas humanas en juego, entonces tendremos que salir corriendo a toda mecha para solucionar el problemas”, dijo.
Y es que como recordó, las últimas estadísticas revelan que la caza como elemento regulador “permite controlar más de 40.000 ejemplares en jabalíes”. Lo que está sucediendo en Castilla y León es, a su juicio, “una locura, una barbaridad”, y defendió que la caza “debe ser un elemento regulador para controlar las especies salvajes cinegéticas” para que se puedan compaginar con la actividad agraria y ganadera.
Por último, exigió a las Cortes de Castilla y León que promulguen leyes “claras y concisas que no tengan interpretaciones para que la caza siga cumpliendo la función que lleva cumpliendo desde años atrás hasta ahora”.
