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La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha comparecido esta mañana en la sede de las Cortes de Castilla y León para detallar los proyectos llevados a cabo por su departamento en la primera mitad de la X Legislatura autonómica.
Allí ha cifrado en el 83 % el grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos al inicio del mandato, es decir, 77 de los 94 que se adquirieron al inicio de la legislatura ya se están ejecutando, con un presupuesto récord en los años 2020 y 2021, de más de 2.000 millones de euros.
También ha destacado la intensa actividad normativa, que ha dado lugar a la confección de nueve anteproyectos legislativos, cuatro decretos y numerosas órdenes. Entre otros, Blanco ha citado la modificación de la Ley de Servicios Sociales para el desarrollo de la Teleasistencia Avanzada; la aprobación de la Ley del Tercer Sector Social; los anteproyectos de ley de Atención Residencial y de Atención Integral a las Víctimas de la Violencia de Género; el de Atención a las Personas con Discapacidad a lo largo de su vida; así como el de Igualdad Social de la Diversidad Sexual y de Género y de Políticas Públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, que están actualmente en tramitación.
Asimismo, ha explicado que toda la acción ejecutiva de la Consejería que dirige ha girado en estos dos años en torno a tres ejes prioritarios, en coherencia con las directrices marcadas por el presidente Mañueco en su programa de Gobierno: la modernización del sistema de Servicios Sociales y el impulso al modelo de atención a la Dependencia 5.0; el diseño de un futuro con oportunidades para las familias y los jóvenes; y la protección de los más vulnerables y el fomento de la igualdad de oportunidades.
Isabel Blanco ha comenzado su intervención desgranando las principales líneas que avalan la gestión realizada en estos dos años, teniendo en cuenta los indicadores de gestión, colaboración y acuerdo con las entidades locales, con los representantes del Diálogo Social y con el Tercer Sector Social. Una labor centrada tanto en actuaciones relevantes que se han desarrollado en la lucha contra la pandemia como en los compromisos adquiridos y ya cumplidos o los que se desarrollarán en lo que resta de legislatura.
Atención a los más vulnerables
Blanco ha incidido en que buena parte de los compromisos se han traducido en lograr reforzar la cobertura para las personas que más lo necesitan en la comunidad. De hecho, ha recordado que las personas con dependencia siguen en la diana de la acción social de la Junta, con 106.280 personas atendidas a fecha de hoy, lo que supone 2.708 más que al inicio de la legislatura. De esta manera, la Comunidad se mantiene a la cabeza de España en la gestión del sistema y en alcanzar la plena atención, ya que no tiene lista de espera.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha ampliado la red de infraestructuras y servicios financiados con fondos públicos. Así, cuenta con 53.987 plazas residenciales y de centros de día para personas mayores (441 más que al inicio de la legislatura) lo que supone una cobertura en plazas residenciales del 7,86%, la más elevada de todo el país; 17.574 plazas residenciales y de centros de día para personas con discapacidad (804 más que hace dos años) lo que convierte a Castilla y León en la Comunidad con mejor ratio de plazas residenciales y centros de día u ocupacionales para personas con discapacidad; y 37.624 usuarios de teleasistencia, un 6% más que al inicio de la legislatura y con tendencia continua al alza; 37.322 usuarios de Ayuda a Domicilio (4.509 más que hace dos años) y 372.774 horas prestadas más que cuando comenzó la legislatura.
La Red de Protección ha dado cobijo a 384.000 personas, destacando los 114.464 ciudadanos atendidos en el periodo más crítico de la pandemia (año 2020) con el reparto de alimentos, lo que supone un incremento del 400% con respecto a 2018. Bajo su paraguas, se ha prestado apoyo a 9.067 menores el pasado año mientras que los itinerarios personalizados de empleo para colectivos vulnerables han llegado a 3.805 usuarios (660 más que en 2018), de los que un tercio han logrado un contrato.
Asimismo, en materia de prevención y lucha contra la violencia de género, el modelo Objetivo Violencia Cero ha ofrecido protección y apoyo a 5.186 personas el pasado año (el 86 % más que el anterior); de ellas, 564 recibieron atención psicológica.
Refuerzo de la colaboración con las entidades locales
La colaboración con las corporaciones locales constituye la piedra angular del sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública y una garantía de calidad y de proximidad de la atención, al asegurar la accesibilidad a los recursos desde todos los rincones del extenso medio rural.
Este compromiso con el mundo local se ha evidenciado de dos formas. La primera ha sido el refuerzo presupuestario del Acuerdo Marco de Servicios Sociales, dotado al inicio de la legislatura con 448 millones de euros para el periodo 2020-2023 e incrementado hasta en cuatro ocasiones desde entonces: en abril de 2019, con una primera adenda y 10,8 millones extra; en julio y noviembre de 2020, con dos partidas adicionales de 20 y 3 millones de euros, respectivamente, para atender, entre otras las necesidades urgentes derivadas de la pandemia; y finalmente en julio de este año, con una inyección de 67,4 millones.
Estos fondos han permitido blindar los servicios sociales a través de la ventanilla de las corporaciones locales con una financiación media anual de 137,2 millones de euros, el 24,5 % más que en el Acuerdo Marco anterior (110,6 millones); volcarse en la atención a la dependencia (226,27 millones de euros) y en la protección a las familias (71,2 millones) e incrementar el 9 % las plantillas de los Centros de Acción Social (CEAS), hasta los 1.354 profesionales. En total en Castilla y León prestan su labor 190 CEAS.
La segunda prueba fehaciente del compromiso del Gobierno de Mañueco con el municipalismo es el reparto de los fondos europeos. De este modo, la colaboración con las entidades locales ha sido y será una constante y la misma ha estado presente en el reparto de 150,74 millones de euros procedentes de los fondos europeos que han sido asignados a esta Comunidad. De esa cantidad, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha reservado el 20 % para esa gestión conjunta, un porcentaje que es cinco puntos superior al exigido por el Ejecutivo central. Es decir, desde la Consejería se han destinado a dichas entidades 30,14 millones de euros para impulsar fundamentalmente, proyectos que incluyan obras en centros residenciales y de accesibilidad.
Apuesta por el Diálogo Social y el Tercer Sector Social
Si las entidades locales son una pieza esencial en el sistema de Servicios Sociales, no lo son menos las del Tercer Sector Social y el Diálogo Social. Con los agentes económicos y sociales se han firmado, en el seno del Consejo del Diálogo Social, dos acuerdos transversales –en febrero de 2020 y junio de 2021– que, en materia de política social, se han sustanciado en dos grandes compromisos.
El primero es la Ley de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género ya en tramitación. El segundo comprende inversiones para la mejora de la atención a personas mayores y dependientes, y engloba el incremento de las prestaciones, infraestructuras de nueva construcción, y la creación, mejora y adaptación de plazas en centros residenciales.
Por su parte, el diálogo fluido y la colaboración permanente con las más de 3.300 entidades que conforman el Tercer Sector Social se plasma, en primer lugar, en la reciente aprobación de una ley específica, que refuerza su participación en el diseño e implementación de las políticas públicas orientadas a la protección de los más vulnerables, al tiempo que afianza su estabilidad económica.
En segundo término, la interlocución con estas organizaciones ha dado lugar en esta primera mitad de legislatura a la creación de la Plataforma del Tercer Sector Social –integrada por Cáritas, CERMI, Cruz Roja, EAPN y ONCE, para optimizar los recursos de atención a las personas más vulnerables– y de la Sección de Colaboración con el Tercer Sector del Consejo de Servicios Sociales de Castilla y León.
Respuesta al desafío de la pandemia
La crisis de la COVID-19 planteó grandes desafíos a los que el sistema de Servicios Sociales respondió con solidez. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades atendió esta emergencia reforzando la Red de Protección a las familias vulnerables, incrementando la financiación a entidades como Cruz Roja o a los Bancos de Alimentos, y garantizando recursos a las personas más desfavorecidas.
En este punto, la consejera ha recordado que su departamento tuvo que actuar para que ningún beneficiario de la Renta Garantizada de Ciudadanía que pasara a ser perceptor del Ingreso Mínimo Vital (IMV) por tener la prestación estatal un carácter básico perdiera ingresos. Lo hizo, primero, complementando la cuantía con una subvención y, en noviembre del pasado año, corrigiendo estas anomalías por ley. Isabel Blanco durante su comparecencia ha vuelto a reivindicar al Gobierno el traspaso de la gestión del IMV.
Junto a esto, la Junta incrementó también con 30,7 millones el presupuesto de las corporaciones locales para atender las demandas sociales; concedió más de 600.000 euros en el último cuatrimestre para mejorar la protección del personal y de los usuarios de los centros de atención social de personas mayores y con discapacidad; y reforzó las medidas de prevención y las plantillas en los centros de mayores de su titularidad.
En el ámbito de la igualdad de género, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades elevó la financiación al proyecto Atrapadas, de atención a mujeres en entornos de prostitución o posibles víctimas de trata. Y, en el campo de la conciliación, introdujo mejoras en los programas Crecemos y Conciliamos, además de crear un cheque servicio para ayudar a las familias en el cuidado de sus hijos o familiares dependientes.
Durante su intervención, Blanco ha recordado que desde el inicio de la pandemia la prioridad de la Consejería de la que es titular ha sido luchar contra la pandemia con el objetivo de paliar sus efectos en cada uno de los 1.214 centros residenciales de atención a personas dependientes. Entre las medidas que se han llevado a cabo ha destacado: las restricciones en las visitas en las residencias de mayores (11 de marzo de 2020); los 42 protocolos en permanente actualización; los 26.800 seguimientos telefónicos y la intensificación de visitas de técnicos y profesionales para atender sus necesidades; el incremento en la contratación de personal en centros de personas mayores dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales (1.500 contratos de refuerzo se suscribieron en 2020 y 1.119 de sustitución) y las tareas de asesoramiento, constitución de bolsas de empleo y reducción de trámites para la contratación de personal que se llevaron a cabo en los centros residenciales privados.
Sin duda, un papel crucial durante la pandemia ha sido el incremento de las medidas de comprobación y control realizadas en los centros residenciales. Desde el inicio se han realizado casi 2.900 inspecciones y comprobaciones por parte de los 91 profesionales que se dedican a realizar dichas actuaciones, lo que supone un considerable incremento de la dotación de personal en este ámbito.
EJE 1. MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES Y DEPENDENCIA 5.0
La Consejería de Familia ha diseñado una política propia y específica para abordar el envejecimiento, la prevención y la atención de la dependencia. Se trata de un modelo pionero en España, basado en la atención centrada en la persona, la integración de los servicios, la orientación hacia un abordaje preventivo y proactivo, y la digitalización de los procesos y servicios. Responde al nombre de Dependencia 5.0.
El paradigma de este modelo es el nuevo proyecto ‘Atención en Red’, que permite a las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica vivir donde ellos decidan: en su domicilio, accediendo a servicios como si estuvieran en una residencia, o en un centro residencial, diseñado como un hogar.
Tres son las características que identifican este modelo: el enfoque ético de los cuidados –garantizando los derechos y deseos de los usuarios–, su perspectiva innovadora –con soluciones como la Teleasistencia avanzada, tecnologías para domotizar los domicilios o con robot sociales– y su visión territorial –al ser un proyecto con capacidad de generar empleo y riqueza en el medio rural–.
‘Atención en Red’ se ha desplegado ya en dos zonas territoriales de las provincias de Zamora (Aliste y Sayago) y Salamanca (mancomunidades de Vitigudino y Cabeza de Horno) y, tal y como anunció el presidente se extenderá a todas las provincias de la Comunidad. La consejera ha señalado que ya se está trabajando en el diseño de las actuaciones necesarias para extenderlo en los próximos meses a Burgos y Palencia.
El proyecto pivota sobre tres programas complementarios entre sí, que responden a las diferentes necesidades de las personas mayores: ‘A gusto en casa’, ‘Viviendas en Red’ y el nuevo modelo de atención residencial.
En los dos primeros, el usuario recibe servicios de calidad en su entorno –ya sea en su vivienda de siempre, conforme al primer programa, o en una adaptada y rehabilitada por la Administración, si se trata del segundo–. En ambos modelos juegan un papel proactivo los profesionales, quienes actúan adelantándose a la aparición de problemas que puedan derivar en la imposibilidad de que los mayores sean atendidos en su propio domicilio, se coordinan con el personal sanitario y planifican los cuidados.
Lo hacen apoyándose, en primer lugar, en el desarrollo, a partir de experiencias innovadoras, de sistemas tecnológicos de inteligencia artificial y emocional, dispositivos y ayudas técnicas. Y, en segundo término, a través de los recursos disponibles en los centros residenciales y de día, concebidos como plataformas multiservicios, de manera que los usuarios que son atendidos en su domicilio pueden hacer uso de los servicios de comedor y lavandería o de los programas de promoción de la autonomía personal de una residencia.
Es aquí donde encuentra su engranaje el tercer pilar del proyecto ‘Atención en Red’, en un innovador modelo residencial, que se va a regular por ley, donde los servicios y las actividades giran en torno a la persona y no al contrario.
Se inspira en una nueva forma de entender los cuidados basada en cuatro aspectos clave: el reconocimiento de la dignidad de la persona; una arquitectura y organización de centros, pensada para el confort y la atención individualizada; la apuesta por la calidad y la innovación, y el papel determinante de los profesionales.
El denominador común del nuevo modelo de cuidados de larga duración y Dependencia 5.0 diseñado en Castilla y León es la innovación tecnológica aplicada a la atención, es decir, la modernización de los Servicios Sociales a partir de su digitalización.
La apuesta por la innovación, seña de identidad de los Servicios Sociales de Castilla y León, cobra en el Gobierno de Mañueco una dimensión especial desde la convicción de que constituye una herramienta estratégica para la cohesión y la transformación social, con capacidad de ofrecer respuestas nuevas, más eficaces y eficientes, ante las crecientes necesidades y desafíos sociales.
La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades avanza en la progresiva digitalización de los Servicios Sociales, un proceso que se acelerará en los próximos tres años de la mano de los proyectos aprobados con cargo a los fondos europeos con una inversión de 150,74 millones de euros, entre los que hay que destacar. los proyectos piloto de innovación, en los que se invertirán más de 9,5 millones con cargo a los fondos europeos, como la domotización de hogares (para la conversión de 200 domicilios de personas con gran discapacidad en casas inteligentes); los ecosistemas de inteligencia ambiental para el apoyo a los cuidados mediante uso de robots sociales (para la creación de espacios en los que sensores, robots y sistemas computacionales ofrecen asistencia a las personas mayores y dependientes); o la adquisición de 3.000 unidades de andadores inteligentes, inodoros, camas y cabinas de ducha asistidos.
En este proceso, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha dado pasos relevantes en estos dos años, ya que esta experiencia se sumará al trayecto ya recorrido por esta Comunidad, que en la actualidad participa y / o lidera nueve proyectos UE de innovación.
Otra muestra de modernización de la política social es la Teleasistencia avanzada, cuya gestión asumió la Gerencia de Servicios Sociales con el fin de garantizar un acceso universal y en condiciones de igualdad a todos los usuarios, que desde el 1 de enero de este año la disfrutan de forma gratuita. El servicio, prestado por Cruz Roja desde el 1 de agosto, se implementa sobre la base de más y mejores servicios proactivos de atención a las personas y el despliegue de tecnologías, que alertan de posibles situaciones de riesgo y, por lo tanto, ofrecen más seguridad a los usuarios.
Junto a la digitalización de servicios, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades también ha mejorado otros aspectos en la atención a las personas dependientes. Así, el plazo de reconocimiento del derecho desde la presentación de la solicitud se ha reducido a dos meses y se han elevado las cuantías de las prestaciones vinculadas a servicios y de asistencia personal, de las que se benefician 74.300 personas, con un coste adicional de 15 millones de euros.
En este punto, Isabel Blanco ha aprovechado para recordar al Gobierno de España que su aportación al sistema sigue siendo muy inferior a la exigida por ley. En concreto, la financiación estatal es del 20 %, cuando debería ser del 50 %, lo que obliga a la Comunidad a realizar un sobresfuerzo financiero para asegurar la cobertura y calidad en la atención que merecen las personas con dependencia en la Comunidad.
Otra de las mejoras implementadas por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades para facilitar los cuidados a las personas que desean continuar en su hogar es la Ayuda a Domicilio, que al cierre de 2020 alcanzaba ya los 37.322 usuarios. En torno a este servicio, se han homogeneizando las condiciones para el acceso y la prestación en toda la Comunidad; se ha incrementado la intensidad horaria; y se ha reforzado la financiación a las entidades locales, como encargadas de su gestión, hasta convertirse en el programa con mayor presupuesto, 271,2 millones de euros dentro del Acuerdo Marco, y con 5.456 profesionales dedicados a él.
En el capítulo de la dependencia, la consejera se ha referido también al compromiso de su equipo con la atención a los 177.000 castellanos y leoneses que padecen algún tipo de discapacidad. Tras agradecer y reconocer la colaboración y el trabajo de las entidades del Tercer Sector Social, ha recordado el esfuerzo realizado por facilitar la empleabilidad de estas personas, desde el convencimiento de que un puesto de trabajo es un instrumento esencial al servicio de la normalización de su vida. A modo de ejemplo, ha citado el incremento del 65 % en la financiación del programa de itinerarios integrados de inclusión sociolaboral (hasta los 7,6 millones de euros, 3 millones más que en años anteriores).
Isabel Blanco ha anunciado, además, que se encuentra muy avanzada la tramitación del anteproyecto de ley de garantías de atención a las personas con discapacidad a lo largo de su vida, que tiene dos objetivos: asegurar que reciben una atención continua durante todo su ciclo vital y establecer un sistema de apoyos planificado y de futuro, que seguirá vigente, incluso, cuando falten sus familiares o tutores.
EJE 2. PROTECCIÓN A LAS FAMILIAS E IMPULSO A LAS POLÍTICAS DE JUVENTUD
La protección a las familias de Castilla y León y la construcción de un futuro de bienestar y oportunidades figuran en el epicentro de la acción política de esta Consejería. Prueba de ello es la puesta en marcha, este año, del Plan Familias, una estrategia con un impacto económico de 76 millones anuales y 57 medidas, que se agrupan en cuatro líneas: el fomento de la natalidad, la educación, el acceso a la vivienda y la conciliación.
En este último ámbito, la consejera ha destacado el incremento del 11% en el presupuesto dedicado a las políticas de conciliación, hasta los 29 millones de euros, con medidas que inciden en la corresponsabilidad de ambos progenitores en el cuidado y la atención de menores o personas dependientes.
En este balance ha citado las mejoras introducidas en el programa Conciliamos, que se ha extendido ya a todos los municipios con independencia de su población, ha flexibilizado requisitos, ha ampliado servicios (como el de comedor o tardes) y se ha pilotado por primera vez en un centro con alta incidencia de alumnado en situación de vulnerabilidad socioeducativa. Este proyecto suma más de 27.000 participantes desde 2019.
En la misma línea, se ha ampliado hasta llegar a 271 el número de municipios con el programa Crecemos, que ofrece cobertura a menores de 0 a 3 años en pueblos con una baja demanda donde no existe ningún otro recurso de conciliación. El proyecto suma ya 3.804 plazas, 109 más que al inicio de la legislatura, y el reto es ampliar su implantación hasta los 300 núcleos rurales el próximo año y reducir las cuotas para que nadie pague más de 100 euros al mes.
La Consejería ya ha comenzado a tramitar las 13.500 solicitudes recibidas del recientemente estrenado Bono Concilia, una ayuda de 750 euros por hijo para que las familias en las que ambos progenitores trabajen puedan costear un recurso de conciliación.
Isabel Blanco ha avanzado que su departamento trabaja en el diseño de nuevas medidas para impulsar la corresponsabilidad en el cuidado de los menores por motivos laborales, entre las que ha reseñado la activación de una red de Centros MediaCyL en las nueve provincias, para la mediación familiar gratuita ante situaciones de dificultad o de conflicto. También ha añadido que continúan los avances para aprobar el decreto de familias monoparentales para regular su reconocimiento y acreditación y abrir la puerta a que las diferentes administraciones puedan ampliar su catálogo de apoyos.
Otro colectivo prioritario para el Gobierno de Mañueco son los jóvenes. Tras completar en 2020 la evaluación de la Estrategia de Impulso Joven –que en sus cuatro años de vigencia ha movilizado más de 267,5 millones de euros en 135 medidas–, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está trabajando en un nuevo Plan Estratégico de Juventud, donde van a cobrar protagonismo las políticas orientadas a favorecer el emprendimiento; la retención y la atracción de talento a Castilla y León, especialmente en el medio rural; la formación en digitalización; la adaptación de itinerarios laborales a los nuevos nichos de actividad económica y empleo, y la apertura de canales de comunicación que favorezcan un mayor acercamiento e intercambio de experiencias entre las entidades locales en materia de juventud.
En esta línea de impulsar el empleo joven, el departamento que dirige Isabel Blanco ha promovido en la primera mitad de la legislatura iniciativas como la activación de un programa de microcréditos para emprendedores; acciones de orientación laboral, asesoramiento y realización de itinerarios personalizados de inserción laboral; los talleres de oficio tradicionales, para formar y generar oportunidades de futuro en torno a sectores de fuerte arraigo rural; o los programas VivEuropa –para la formación práctica de 222 titulados universitarios en empresas europeas– y Eurojoven, para favorecer la movilidad de estudiantes de Formación Profesional.
Pese a las dificultades derivadas de la pandemia, la Junta no ha querido renunciar a las actividades de ocio y tiempo libre de la Red Activa, tan demandadas por niños y adolescentes. Y, así, más de 2.300 jóvenes han participado en los 71 campamentos planificados.
La protección a las familias implica prestar especial atención a la infancia. La consejera ha señalado que el pasado año el sistema de atención y protección a menores ofreció cobertura a 9.067 niños, frente a los 8.708 de 2018; se ha referido al éxito del programa de acogimiento familiar, a través del que 952 pequeños encontraron un hogar temporal; y ha anunciado que se está elaborando una estrategia autonómica para luchar contra la pobreza infantil, dotando a las familias afectadas de los recursos necesarios para que puedan garantizar su adecuada atención, educación, cuidado y bienestar.
Mención especial en este apartado merece la Red de Protección a las familias vulnerables, que constituye un punto de inflexión en la forma de actuar contra la exclusión, desde la innovación, el reconocimiento de derechos subjetivos, y el trabajo en red de los agentes implicados.
Se trata de un instrumento que ha evidenciado más que nunca su utilidad y su eficacia durante la pandemia, ofreciendo atención a 384.000 personas, más del doble que en un año ordinario, como 2018, cuando dio cobijo a 175.000. De hecho, en 2020 se ha llegado a 114.464 personas frente a las 23.178 al inicio de la legislatura. Es decir, la atención de los servicios de reparto de alimentos se ha incrementado en casi un 400%. Además, se atendió a 44.803 familias con ayudas de emergencia (un 77,5% más respecto al año anterior) y a 1.181 familias desde el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio en estos dos años.
Asimismo, la Junta complementó con fondos autónomos los ingresos de 2.076 familias que pasaron de cobrar la Renta Garantizada a percibir el IMV.
EJE 3. APUESTA POR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Conseguir que todas las personas disfruten de las mismas oportunidades es un objetivo irrenunciable en el desempeño diario de la Consejería de Familia, que prevé presentar el nuevo Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres. El documento aborda las problemáticas que surgen como consecuencia de las transformaciones sociales, con un importante protagonismo de la mujer rural y un papel especial para la tecnología y la sociedad del conocimiento.
El plan aglutina también la experiencia de agentes, instituciones y organizaciones que luchan por lograr una igualdad efectiva y que se han implicado en el proyecto de creación de seis redes de igualdad de la Consejería de Isabel Blanco, que está permitiendo construir una política pública con perspectiva de género, fomentar la transferencia de conocimiento y cubrir necesidades no detectadas hasta ahora.
Se trata de la Red Social-Grupo de Trabajo de Violencia de Género; la Red de Entidades de Prostitución y Trata, proyecto ‘Atrapadas’; la Red de Unidades de Igualdad de las Universidades; la Red de Unidades de Igualdad de las Entidades Locales, y la Red de Igualdad de la Mujer Rural.
Esta política de alianzas y cooperación se extiende también a la sociedad civil, a través del Diálogo Social y al tejido empresarial –por medio del programa IOEMPRESAS, de asesoramiento y apoyo a la elaboración de planes de igualdad; el Banco de Buenas Prácticas Empresariales, o el Distintivo ÓPTIMA CYL, que en el año 2020 ha reconocido a 50 empresas especialmente comprometidas con la igualdad de oportunidades–.
El compromiso de la consejería con la inserción laboral femenina se concreta en el Plan de Retorno Laboral de la Mujer, donde se incluyen el Programa Empleo Mujer de Castilla y León (Pemcyl) para el retorno al mercado de trabajo de mujeres en el que participaron 307 mujeres el pasado año; el fomento de la contratación de mujeres víctimas de violencia de género; el programa especializado de itinerarios de inserción laboral; la financiación de acciones propuestas por las federaciones de asociaciones de mujeres de Castilla y León para realizar planes de formación para el empleo vinculados a proyectos de emprendimiento o proyectos profesionales vinculados al mundo rural, y el laboratorio de innovación social para el fomento del emprendimiento en mujeres jóvenes.
Una de los proyectos más destacados iniciados en este último año es el Programa ‘Empresas comprometidas con la igualdad’, para facilitar la incorporación de mujeres a sus plantillas, con especial atención a las más vulnerables. A él se han adherido hasta el momento Gullón, Caja Rural de Zamora, FCC y Execyl, entidad compuesta por 90 compañías de la Comunidad de distintos sectores y tamaños. La consejera ha avanzado que en los próximos meses la Junta continuará sellando alianzas con más empresas comprometidas con la igualdad.
Finalmente, Isabel Blanco se ha referido al nuevo anteproyecto de ley de atención integral a las víctimas de violencia de género en Castilla y León, abierto recientemente a la participación de la sociedad civil en Gobierno Abierto, que ha definido como una normativa moderna en el contexto nacional, flexible y muy participativa.
El texto amplía el paraguas protector a las víctimas al reconocer nuevas formas de violencia de género –como la digital y tecnológica, la vicaria, la de segundo orden y la institucional– y articular servicios de atención especializada. Se sustenta en tres pilares: la propia actualización de la norma para dar encaje en ella a la realidad social vigente; la prevención, detección y evaluación como herramientas fundamentales para avanzar en la lucha contra la violencia de género, y finalmente la modificación de los modelos de atención a las víctimas, al pasar de un enfoque exclusivamente asistencialista a otro más avanzando, que incluye el apoyo en los procesos para la recuperación de su autonomía personal y la restitución de sus derechos vulnerados.
La futura ley consolidará el trabajo realizado estos años en materia de prevención, atención y lucha contra la violencia de género, particularmente a través del modelo Objetivo Violencia Cero. Sólo en el último año, 5.186 personas han recibido atención a través de las medidas y programas incluidos en este proyecto, un 86% más que al inicio de la legislatura. De hecho, el pasado año se prestó ayuda a 564 mujeres en Castilla y León víctimas de violencia de género.
