La Consejería de Empleo convoca las ayudas para la adquisición de equipos de protección y tareas de desinfección

Las pequeñas y medianas empresas con centro de trabajo en Castilla y León podrán solicitar desde mañana ayudas para financiar las inversiones que hayan realizado o tengan previsto ejecutar con el fin de garantizar la máxima seguridad y protección de la salud de sus trabajadores frente a los riesgos del COVID-19.

Esta línea de subvenciones cuenta con una dotación inicial de 1,2 millones de euros, que puede ser ampliable a dos millones. El importe individual de la subvención será del 80 por ciento del gasto aprobado, con un máximo de 2.000 euros por empresa. Las solicitudes deben cursarse a través de la sede electrónica de la Junta.

Esta línea de subvenciones de la Consejería de Empleo e Industria se inscribe en el plan de medidas urgentes y extraordinarias para mitigar el impacto económico y social de esta crisis , que fue acordado en el Consejo del Diálogo Social y refrendado después por la unanimidad de los grupos de las Cortes de Castilla y León.

Con estos incentivos, según se destaca desde la Junta, las empresas podrán financiar en primer término la adquisición de equipos de protección individual (EPIs) –mascarillas, guantes, gafas, pantallas faciales y ropa de protección– siempre que este material cumpla con las disposiciones mínimas de seguridad y salud laboral dictadas en la normativa referenciada en la convocatoria que hoy publica el Boletín Oficial de Castilla y León.

A su vez, los beneficiarios de las ayudas podrán cubrir gastos derivados de la asistencia externa a la que hayan tenido que recurrir para realizar labores de desinfección de los equipos, instalaciones y personas en respuesta a esta situación de contingencia. También podrán sufragar costes asociados a la contratación de un servicio de prevención ajeno para la evaluación de los puestos de trabajo que puedan constituir población de riesgo frente al COVID-19.

Las inversiones financiables deben ejecutarse en el periodo comprendido entre el 10 de marzo y el 30 de septiembre de este año y, entre los requisitos exigidos a los beneficiarios se encuentra el de no haber sido sancionados con carácter firme por infracciones graves o muy graves en materia de prevención de riesgos laborales en los dos años anteriores.