El efecto de la crisis sanitaria causada por el COVID-19 se hizo notar de nuevo en la actividad de los órganos judiciales en Castilla y León durante el segundo trimestre de 2020, cuando se produjo un descenso de la actividad del 34,2 por ciento, similar a la del conjunto de España de un 32,9. Así figura en el “Informe estadístico sobre la situación de los órganos judiciales’, difundido este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial, que aprecia que se trata del trimestre más afectado por la pandemia y la declaración del estado de alarma.
En concreto, durante este periodo, tuvieron entrada en el conjunto de los órganos judiciales de la Comunidad 45.459 asuntos, con la citada caída del 34,2 por ciento, cuando se resolvieron 36.026 asuntos, un 48,4 por ciento menos.
Las mayores caídas se registraron en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, con un con un 62,2 por ciento menos, hasta los 830, mientras que en Social fue del 39,1 por ciento (3.258); en Civil, del 26,8 (20.868), y en Penal, del 38 por ciento (20503).
Por lo que respecta a la tasa de litigiosidad, la declaración del estado de alarma y la suspensión de los plazos procesales como consecuencia de la crisis sanitaria también tuvo su reflejo. La tasa de litigiosidad se cerró en la Comunidad en 19 asuntos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la del conjunto del Estado que fue de 22,3 asuntos.
Por territorios, las comunidades autónomas que mostraron una tasa de litigiosidad superior a la media nacional fueron Canarias (31), Murcia (26,1), Andalucía (25,1), Baleares y Cantabria (22,9), Madrid (22,7), Comunidad Valenciana (22,6) y Asturias (22,5). Mientras, las comunidades con tasa de litigiosidad más baja fueron La Rioja (14,3), y País Vasco (16,2) y Extremadura (17,2).
En cuanto a la tasa de congestión, que exhibe el cociente donde el numerador está formado por la suma de los asuntos pendientes al inicio del periodo y los registrados en ese periodo y donde el denominador son los asuntos resueltos en dicho periodo, en Castilla y León subió hasta 4,25. La más alta la presenta la jurisdicción de lo Social (7,26), por delante de la Civil (5,62) y la Contencioso-Administrativa (5,49). La más baja corresponde a Penal, con 282.
