El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, argumentó este martes que los “números” sobre el tráfico pesado que soporta la carretera N-120 entre León y Astorga no permite equiparar su estado con la N-1 en Burgos o la N-VI en San Rafael (Segovia) y por lo tanto aseguró que no formará parte del programa que busca bonificar el desvío obligatorio de camiones y autobuses a las vías de pago -AP-1 y AP-6, que la Junta negocia con el Ministerio de Fomento.
En la sesión de control al ejecutivo del pleno de las Cortes, el procurador ‘leonesista’ Luis Mariano Santos planteó al consejero que aborde con el Gobierno la implantación de descuentos para el tráfico pesado que circule por la AP-71, que a su juicio es la autopista “más cara” de España, lo que en su opinión facilitará el transporte de las empresas del polígono industrial de Villadangos del Páramo.
El consejero aseguró que el tráfico pesado de la N-I triplica al de la N-120, que admitió tiene también una intensidad media de 1.000 vehículos. Además, advirtió de que la Junta aborda con “realismo” y “sensatez” esta demanda que remarcó detraerá recursos para el mantenimiento de las carreteras autonómicas. También señaló que no supondrá el trasvase general de la nacional a la vía de pago, sino que tratará de dar solución al tráfico pesado y los problemas de seguridad vial.
El procurador de la UPL demandó a Suárez-Quiñones que trate de incluir la AP-71 en el programa de bonificaciones, que está negociando con el Ministerio de Fomento. Finalmente, recordó que en 2002 un gobierno del PP amplió hasta 2050 el peaje de esta autopista de 37 kilómetros, mientras la N-120 presenta una “alta siniestralidad”, con ocho muertos en los últimos años.