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Sergio González Un grupo de cargos públicos de Izquierda Unida de la provincia visitaron, este jueves, el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega para hacer una auditoría. La gestora de la planta, la Unión Temporal de Empresas (UTE), reclama una deuda a Gersul, el cual no reconoce y que aunque en la actualidad se desconoce su cuantía porque que está en el juzgado, hace tres meses ascendía a 50 millones de euros según la UTE.
A esto hay que sumar que ahora el CTR necesita otro vaso, ya que el que hay está colapsado, lo cual implicaría un coste de seis millones de euros a mayores, lo cuales serían financiados con dinero público.
Los representantes políticos viajaron hasta estas instalaciones para ver “in situ” cómo se desarrolla el trabajo y poder así comprobar si hay irregularidades en el funcionamiento de la planta, ya que no entienden “que ha llevado a este colapso y cuál ha sido la causa por la que se ha consumido tanto, en tan poco tiempo”, señaló el diputado provincial de IU, Miguel Flecha.
El coordinador provincial de esta agrupación, Santiago Ordónez, es tajante y asegura que “hay que darle una patada a la UTE para expulsarla de la provincia y pedirle que pague el daño que ha hecho a León” ya que según apunta, “un centro de tratamiento, que en su momento era modélico, ha sido saboteado por la gestión privada con la complicidad, en algunos casos, de algunos de los responsables de la Diputación provincial y de Gersul”.
El diputado provincial indicó que “para saber que este CTR se gestiona mal, no hace falta entrar, puesto que la nulidad de su funcionamiento es evidente cuando toda la basura que entra no se recicla”. Por eso después de esta visita, “tal vez pidamos un gestión pública, ya que la empresa que lo está haciendo ahora, no está explicando el porque de estas perdidas incomprensibles”, señaló el concejal de Astorga, José María Jáñez y añadió que “un centro de estas características debería dar beneficios y no ser deficitario”.
Si hay delito, IU pide que Gersul exija responsabilidades
Para Ordónez los ayuntamientos, mancomunidades y la Diputación, los cuales forman parte de Gersul, “tienen que poner encima de la mesa la denuncia del incumplimiento del contrato y de los pliegos de condiciones por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE), además de recuperar el control del Centro de Tratamiento de Residuos y exigir a la Junta de Castilla y León responsabilidades, si ha habido realmente alguna irrecularidad medioambiental en esta planta”.
El Plan de Residuos Provincial y Regional obligaba, a fecha de 2015, a que se tratasen 20.000 tonelas de basura y “al no haber una recogida selectiva, ahora mismo el nivel de toneladas tratadas es de 3.000”, afirmó el coordinador provincial. “En esta planta se cobra por las toneladas que entran por la puerta y no por las que se tratan” y es que Ordónez asegura que “lo que se paga por parte de Gersul no viene directamente a esta planta, sino que va a las matrices de la FCC y de Urbaser”.
Según indicó Ordóñez “la UTE no tiene que llevar la memoria económica al Registro Mercantil y se autoconcede creditos de forma artíficial, lo cual provoca más deuda pública que luego exigen a Gersul” y es que según apunta el coordinador de Izquierda Unida en León “la FCC y Urbaser tienen un centro de contratación de cargos públicos, tanto del PSOE como del PP, desarrollando funciones que han sido externalizadas por el propio CTR”.
Por su parte, la candidata al Congreso de los Diputados, Laura Fernández Bermejo, señaló que “no se puede tolerar que se hayan invertido 36 millones de euros hace 11 años y que ahora se vayan a tener que invertir otros 6 millones para crear este otro vaso” y reclama “una investigación seria que muestre si realmente se está contaminando y produciendo un délito medioambiental”.
A esta auditoría acudieron representantes de municipios como León, La Pola de Gordón, San Andrés del Rabanedo, Cuadros, La Sobarriba, Garrafe del Torio, Sabero y La Robla, entre otros.
