IU-Equo pide explicaciones sobre la gestión “poco transparente y ajustada a la legalidad” del CTR de San Román

El procurador de IU-Equo en las Cortes, José Sarrión, pide, mediante pregunta escrita, explicaciones a la Junta sobre la gestión de instalación “poco transparente y ajustada a la legalidad” en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de San Román de la Vega, en la provincia de León. Por ello, Sarrión ha solicitado la comparecencia del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para que informe sobre la situación actual de esta infraestructura.

Sarrión reclama al Ejecutivo autonómico conocer si se va a proceder a realizar una auditoría ambiental y contable de todas las empresas relacionadas con la instalación, “en aras de la transparencia, en una instalación tan sensible y con implicaciones tan importantes hacia los habitantes de su entorno”.

IU-Equo recordó a través de un comunicado que en el año 1997 el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó un concurso para la adquisición de terrenos para la ubicación del CTR y, tras estudiar las propuestas, se rechazó la ubicación en San Román de la Vega. Fue en 2001 cuando se tomó la decisión de situar la instalación en la zona desestimada, algo que estuvo “rodeado de controversia” ante la “falta de permisos, la oposición de municipios y vecinos del entorno”. La declaración se llevó a los tribunales mientras comenzaron las obras de construcción del CTR “sin licencia medioambiental y otros permisos”.

Recurridas las sentencias, el Supremo falló en contra de la legalidad de la ubicación del CTR que determinaba el cierre de la instalación pero que, a día de hoy “no se ha ejecutado”. A ello debe sumarse la sentencia que determina el traslado de los residuos almacenados en Santa María del Páramo al CTR de San Román, unos residuos que “se vierten directamente al vaso de rechazados a un ritmo vertiginoso”, apuntó Sarrión.

Por último, en abril de este año, el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) publicó la ampliación del vertedero y en julio se firmó el convenio para la construcción y la gestión del nuevo vaso de rechazos, un convenio que se firmó “sin tener resuelto el trámite de información pública y audiencias, además de aparecer, en agosto, vertidos ilegales de residuos hospitalarios en el CTR”, concluyó Sarrión.