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IU-Astorga propone un plan para que “ningún hogar se quede sin energía”

IU-Astorga propone un plan para que “ningún hogar se quede sin energía”. El concejal del grupo municipal, Javier Rodera Fuente, explica que “la pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis social y económica que estamos padeciendo” y apunta que “se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas”.

Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), son ya siete los millones de españoles con enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz al final de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden permitirse y cuáles no.

De este modo, IU propone el derecho a una vivienda digna y adecuada, lo que “incluye el suministro de la energía como un derecho social básico, y teniendo en cuenta que nuestra ciudad adoptó un acuerdo plenario en el que se declaraba municipio antidesahucios que debe seguir dotándose de contenido, aportamos ésta propuesta”.

La misma “no va destinada a la personas en pobreza extrema(que ya existen recursos en el CEAS para cubrirlo), sino que va destinada a personas que no llegan a final de mes, a la persona que cobra una prestación por desempleo escasa”, explican desde IU.

Para la elaboración del plan propuesto por la formación y para seguir las medidas concretas se crearía una Comisión, que trabajaría en colaboración con todas administraciones, así como con los agentes sociales involucrados en la protección de los derechos de los consumidores y las empresas de suministro y comercialización energética para determinar qué medidas podrían adoptarse desde estos sectores para actuar en éste ámbito , ya sea sobre los precios, la reducción del consumo o la ayuda a las personas y familias más vulnerables etc.

Para ello resulta prioritario definir y consensuar este plan, determinando su alcance y diseñando sus objetivos.

Resultaría asimismo necesario “determinar los medidas que contribuirían a reducir las personas y familias con riesgo de caer en la pobreza energética al objeto de evitar que lleguen a esta situación de emergencia social. Así como establecer los indicadores que permitan evaluar los resultados de su implementación sobre la reducción de la pobreza energética en Astorga y pedanías”, insisten desde la formación.

La agrupación también pide que Ayuntamiento promueva de manera inmediata cuantas actuaciones fueran necesarias para hacer efectivo el derecho universal a los suministros básicos de energía y agua potable. En este sentido, articulará, conforme a lo acordado en el anterior pleno, los mecanismos necesarios para evitar que las empresas suministradoras interrumpan el suministro por impago en los Hogares Vulnerables.

Además, IU propone que se destinen 10.000 euros para financiar las medidas acordadas por la Comisión dentro de dicho plan, creando un Fondo de Emergencia Energética para este año y que para el año 2016 se dote de la cantidad necesaria, en función de la demanda de este año 2015. Izquierda Unida estima que “esta asignación podría transferirse de la cantidad previamente presupuestada para las ayudas a material escolar, y que resultó sobrante por la demanda”.

Rodera propone de igual modo que el Ayuntamiento de Astorga se comprometa “a una mayor y mejor difusión de los recursos existentes, así como a realizar Talleres de consumo para mejorar este tipo de hábitos llevado a cabo por las familias beneficiarias del plan. 

Ordenanza municipal y moción para instar a la Junta y al Gobierno de España

IU plantea que el Gobierno municipal “mejore los mecanismos de concesión de estas ayudas de emergencia energética” con una ordenanza específica y diferenciadora de las ayudas de emergencia social y que se presente para su aprobación en próximos Plenos.

Por otra parte pide que se inste a la Junta de Castilla y León para que “procure la ampliación de la aportación en ayudas a la pobreza energética, al 65 % del gasto efectivamente realizado para la cobertura a necesidades de urgencia social,  procure aumentar el número de convenios con compañías suministradoras para evitar los cortes de energía o proceder al restablecimiento del suministro cuando ya se han producido, y acuerde con estas compañías una actuación más proactiva que permita informar a los usuarios más vulnerables de los recursos existentes y al Gobierno de España para que solvente “los problemas más urgentes y perjudiciales de pobreza energética y a que se legisle para que el suministro de energía y de agua sea un derecho social básico”.

 

 

 

 

 

 

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