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Un grupo de distintos colectivos relacionados con la investigación y la actividad científica en España, entre ellos la Asociación de Investigadores en Formación de la Universidad de León, remitieron un comunicado a la Consejera de Educación, Rocío Lucas, y a la comisionada para la Ciencia y la Tecnología, Pilar Garcés, en el que solicitan públicamente que se adopten medidas “para mitigar los efectos del covid-19 en el sistema de Castilla y León de ciencia, tecnología e innovación”.
En el texto, los colectivos científicos valoran positivamente el hecho de que se hayan tenido en cuenta las necesidades y particularidades del sistema en las medidas de mitigación de los impactos económico y social del estado de alarma “para apoyar el desarrollo de la investigación y la actividad científica mediante el fomento de la incorporación de jóvenes investigadores a través de programas de financiación de contratos predoctorales o de técnicos de apoyo a la investigación, las convocatorias para la financiación y apoyo a proyectos y de adquisición de equipamiento científico compartido Infrared y la consolidación de Grupos de Investigación”.
En esa misma línea, el comunicado indica que “sabemos que el actual Gobierno de la Junta apuesta por la I+D+i como motor de desarrollo en la región y, precisamente para proteger el sistema de ciencia e investigación de nuestra comunidad autónoma, nos parece fundamental emprender medidas específicas destinadas a mitigar el impacto negativo que el brote pandémico de covid-19 y las disposiciones para su contención van a tener sobre nuestro sistema”.
La actual situación ha provocado que cientos de investigadores en Castilla y León hayan paralizado su actividad en las materias que requieren presencialidad, ya sea por la restricción de acceso a laboratorios científicos y centros tecnológicos y de investigación o por los recursos de diferente índole que no pueden ser utilizados telemáticamente. Por ese motivo, “para paliar en la medida de lo posible las repercusiones negativas en la investigación y la ciencia en la comunidad, resulta necesario extender la actividad de estos contratos y proyectos, al menos, por el tiempo equivalente a la duración del estado de alarma”.
El texto continúa exponiendo al gobierno de la comunidad las medidas que solicitan que sean acordadas y que pasan por la prórroga de los contratos de todas las convocatorias públicas de personal investigador y del plazo de ejecución de los proyectos de investigación en curso y de los contratos que dependen de estos, así como el estudio de la posibilidad de ampliar la financiación de los proyectos en la medida en la que el estado de alarma haya impactado en sus fondos.
De igual manera, solicitan la negociación con las universidades públicas de la comunidad para que tomen las mismas medidas en sus convocatorias propias de personal y la negociación con entidades financiadoras de Castilla y León para que también prolonguen los plazos de ejecución de los proyectos y los contratos dependientes.
El comunicado remitido a la Consejería de Educación de la Junta también está firmado, además de por AIF-ULE, por ‘Innova Salamanca’, e ‘Investigación Activa de la Universidad de Valladolid, con el apoyo de una docena de entidades, sindicatos y colectivos relacionados con la investigación y la ciencia.
