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Las cuentas de Castilla y León para 2018 prevén un montante global de 10.859,21 millones de euros, lo que supone un aumento en 566 millones respecto a los presupuestos de 2017, el 5,5 por ciento, dentro de un proyecto “expansivo, social e inversor”. El diseño presupuestario, que fue aprobado por el Consejo de Gobierno, y tiene garantizada la aprobación en las Cortes regionales, tras el acuerdo alcanzado con Ciudadanos, presenta la cifra más alta de la historia, como indicó Herrera, que reconoció, sin embargo que está condicionada por un ascenso de las operaciones financieras del 22,6 por ciento, con 1.281,75 millones, de los que 1.187,53 irán a amortizaciones (deuda de reposición).
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, presentó como viene siendo habitual en la Sala de Mapas del Colegio de la Asunción, sede de la Presidencia del Ejecutivo, el proyecto de presupuestos de su Ejecutivo para 2018, que, dijo, roza el máximo histórico en gasto social, con 6.606 millones para Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, y presenta el mayor crecimiento del gasto en las inversiones reales, con un 16,7 por ciento y 620,73 millones.
Herrera incidió en que desde su Gobierno “han recuperado el pulso del gasto social” en unos presupuestos que se instalan en una época claramente posterior a la crisis”. Asimismo, se felicitó por el aumento de las inversiones reales, el mayor entre los capítulos de gasto.
Juan Vicente Herrera protagonizó una exposición marcada en todo momento por la crisis institucional abierta en Cataluña. Un momento “sin precedentes”, dijo, ante el “golpe de estado permanente” de las instituciones catalanas, en el que, como defendió, lo mejor que puede hacer Castilla y León por la estabilidad del país es “aportar normalidad y trabajo”, con la presentación en tiempo y forma de sus cuentas para el año que bien, para generar certidumbre a los agentes económicos y sociales e impulsar la actividad económica y el empleo.
El presidente autonómico se centró por “relevante” en la cifra “objetiva y real” de los Presupuestos, de los 9.577,5 millones de euros de gasto no financiero. Una magnitud 329,5 millones mayor que la de 2017, con un avance porcentual el 3,5 por ciento. Un dato que sube, dijo, en 2,3 millones de euros respecto a la aprobada por las Cortes el pasado 20 de septiembre de techo de gasto. Este nuevo techo de gasto, comentó, es básicamente el resultado de la diferencia entre el incremento de las transferencias del Estado y la disminución de los recursos procedentes de la UE, circunstancias ambas que están previstas como posibles causas de modificación en la normativa.
Gasto
Herrera expuso que de los 9.577,5 millones de euros de techo máximo de gasto no financiero las consejería manejarán 8.333,4 millones, a los que habría que sumar los recursos de la PAC (924,4 millones), los reservados para abonar los intereses de la deuda (288,5 millones) y los dirigidos a financiar las instituciones de la Comunidad a través del Presupuesto de las Cortes (31,1 millones). Esta magnitud que manejarán las consejerías supondrá un crecimiento del 4,1 por ciento, que en términos absolutos implica 330,5 millones adicionales.
Juan Vicente Herrera destacó que el gasto efectivo encadena en 2018 la cuarta subida consecutiva y acumula un incremento superior a los mil millones de euros respecto a 2014. Asimismo, recalcó que la distribución de recursos plasmada en los Presupuestos evidencia que las políticas sociales continúan en el primer lugar de las prioridades fijadas por el presidente Herrera para la legislatura. Prueba de ello es que el 70 por ciento del aumento experimentado por los créditos no financieros se concentra en las consejerías de Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades, que en conjunto gestionarán 6.606 millones.
El presidente autonómico constató que se trata de la segunda cifra más alta de la historia autonómica, si se toma como referencia la evolución presupuestaria del gasto social desde que se realizaron las principales transferencias a la Comunidad. De hecho, esa cuantía únicamente fue superior en 2010, y por sólo cinco millones de diferencia. Ahora bien, aquel año los recursos efectivos a disposición de las consejerías eran 900 millones superiores a los de 2018, lo que da idea del importante esfuerzo que hace la Junta en la actualidad.
Los tres departamentos sociales por excelencia absorberá el 80 por ciento del gasto no financiero disponible para las nueve áreas ejecutivas y el 87 por ciento de los recursos autónomos de carácter no financiero. El presupuesto de la Consejería de Sanidad asciende a 3.588,2 millones (sube el 3,2 por ciento); el de Educación se eleva a 2.044,5 millones de euros (el 3,4 por ciento más) y el de Familia e Igualdad de Oportunidades suma 974,3 millones (aumenta el 5,3 por ciento).
La Consejería de Economía y Hacienda dispondrá de casi 367 millones, un 20 por ciento menos. Destaca de su presupuesto el descenso del 55,5 por ciento de las operaciones financieras, motivado fundamentalmente por la gestión y amortización de un menor volumen de recursos BEI en relación a 2017. Con 54 millones para inversiones, el 13,5 por ciento más, podrá ejecutar los compromisos asumidos y los planes industriales de Renault y Nissan.
I+D
Herrera remarcó que el proyecto de Presupuestos para 2018 recoge un nuevo esfuerzo inversor en políticas de ciencia y tecnología, cuyos créditos repuntan de forma notable, el siete por ciento, hasta los 236 millones de euros. Esta cifra representa el 2,8 % del gasto no financiero de las consejerías, por lo que la Junta da un paso más hacia la meta del tres por ciento al término de la legislatura, comprometido por Herrera.
El fomento del empleo contarán con 304,5 millones de euros de los presupuestos, el 4,1 por ciento más, respetando el acuerdo asumido en el seno del Diálogo Social de reservar para este fin al menos 90 millones de fondos autónomos. Buena parte de estos fondos serán gestionados por la Consejería de Empleo, que contará con casi 297,3 millones, el 3,8 por ciento más.
La Consejería de Agricultura y Ganadería, que con un presupuesto global de 476,1 millones anota la mayor subida entre todos los departamentos, del 8,8 por ciento. La Consejería de Fomento y Medio Ambiente es la que más eleva su gasto no financiero, el 8,95 por ciento, pese a que el volumen total de su presupuesto (513,6 millones de euros) desciende ligeramente.
Por último, a Cultura y Turismo le corresponden 126 millones de euros, el 4,8 por ciento más, recursos con los que reforzará especialmente la política turística, la promoción de la actividad cultural y la conservación del patrimonio.
Impulso inversor
Herrera constató que el capítulo 6 de inversiones reales escala de forma decidida el 16,7 por ciento hasta los 620,7 millones y fluye hacia todas las políticas de gasto: las de tinte social se potencian el 14,4 por ciento y, el resto, el 18 por ciento de media. El presidente precisó que las inversiones crecerán más en la Consejería de Agricultura tras un difícil año marcado por la sequía, un 26,3 por ciento, seguida ésta por la de Fomento, con un avance del 21,8 por ciento.
El máximo responsable de la Junta subrayó el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias –ejecutadas por Sanidad, Educación y Familia e Igualdad de Oportunidades–, que se nutre de 198 millones de euros; y resaltó los aumentos del 44 por ciento para obras en carreteras y del 36,7 por ciento para regadíos y concentraciones parcelarias.
Plan de Convergencia
El proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2018 prevé 25 millones de euros para financiar la primera anualidad del nuevo Plan Plurianual de Convergencia Interior, pero condicionado a la aprobación de la ley, que se tramita en las Cortes, para culminar el modelo de Ordenación Territorial con los mapas rurales.
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, detalló como novedad que el proyecto de presupuestos recoge una disposición adicional en la que figura la partida de 25 millones de euros del Fondo Autonómico de Compensación para financiar la primera anualidad del nuevo Plan de Convergencia.
En la rueda de prensa, condicionó la activación de esa partida a que se apruebe el proyecto de ley de mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del territorio de Castilla y León y, posteriormente, las áreas estratégicas. Herrera insistió en todo momento en que es un fondo condicionado a la aprobación de los mapas rurales.
Ingresos
El análisis de los ingresos evidencia que la Junta de Castilla y León prevé recaudar diez millones de euros en 2018 con la creación del nuevo impuesto sobre el impacto de los residuos radiactivos de carácter temporal, por el desmantelamiento de la central de Garoña, que revertirá en un plan de dinamización económica para la zona burgalesa.
Juan Vicente Herrera explicó que el nuevo gravamen se incluirá dentro del impuesto propio sobre afección medio ambiental de determinadas instalaciones, que recaudará en su conjunto 74 millones de euros, un 15,6 por ciento más que este año.
Asimismo, jefe del Gobierno autonómico aclaró que el nuevo impuesto deberá contar con un respaldo legal por lo que se tramitará en las Cortes regionales el año que viene a través de un proyecto o una proposición de ley. Aseveró que su duración se extenderá temporalmente al fin por el que se creará.
Juan Vicente Herrera recalcó que el grueso de los ingresos de los presupuestos, el 60 por ciento del total, procederá de las entregas a cuenta del modelo de financiación. Concretó que ascenderán a 6.480,9 millones de euros, el 6,2 por ciento más, una sustancial mejora impulsada, dijo, por la “recuperación de la economía y del empleo durante ese ejercicio”.
Herrera denunció que la mejora de lo que recibe la Comunidad por el modelo de financiación autonómica todavía es insuficiente para cubrir las necesidades de las tres consejerías sociales, que consumen 6.607 millones de euros, si bien el desfase se reduce a 126,1 millones.
En este contexto, Herrera insistió en exigir la reforma del sistema de financiación, sobre la que ya existe un informe de la Comisión de Expertos creada al efecto, que “debe garantizar el núcleo esencial de los grandes servicios públicos y la igualdad efectiva de acceso a ellos de todos los españoles, con independencia del lugar donde residan”. Al respecto, arremetió contra la “gravísima irresponsabilidad” del Gobierno de Cataluña en su desafío secesionista por no participar en los pasos hacia la reforma y exigió que la crisis abierta por los catalanes no frene el avance del proceso y se convoque cuanto antes el Consejo de Política Fiscal y Financiera para iniciar la negociación política.
Fiscalidad
El presidente de la Junta ensalzó que su Gobierno introducirá el año que viene dos nuevos beneficios fiscales y mantendrá los de este año, hasta un total de 51, que permitirán un ahorro a 168.458 ciudadanos de la Comunidad, de 294,43 millones de euros.
Herrera precisó que las víctimas del terrorismo y la violencia de género podrán beneficiarse con los presupuestos de 2018 de nuevas bonificaciones que supondrán la “práctica eliminación” del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Los datos facilitados por la junta revelan que los beneficios fiscales en el IRPF beneficiarán a 98.930 personas con 45,41 millones; en el de Sucesiones y Donaciones, a 60.690 con 218,55; en el de Transmisiones Patrimoniales, a 3.480 por 17,47; en el de Actos jurídicos Documentados, a 4.120 por 9,13; y en los tributos sobre el juego a 1.238 personas, por 3,86 millones.
Cuadro marco
Las cuentas de la Junta están elaboradas conforme a un cuadro macro que refleja que la economía de Castilla y León crecerá el año que viene a un ritmo del 2,7 por ciento, una décima por encima de lo anunciado con motivo de la presentación del techo de gasto y dos más que la previsión en las cuentas de este año.
El año que viene será el quinto ejercicio de crecimiento ininterrumpido del PIB, y puso sobre la mesa una estimación de una tasa de paro media anual del 12,2 por ciento; con un aumento del empleo del 2,8 por ciento, que se traducirá en 28.000 puestos de trabajo adicionales y “permitirá aproximarse al objetivo de legislatura del millón de ocupados”.
El límite de gasto no financiero cumple “plenamente” con las tres condiciones que imponen tanto la Ley Orgánica de Estabilidad como la Ley de Estabilidad Autonómica. En concreto, resaltó que se ajusta al déficit del 0,4 por ciento, un 33 por ciento inferior al de este año (0,6 por ciento).
Además, dijo, respeta el límite de deuda del 20 por ciento del PIB al cierre del año 2018 y es compatible con la llamada regla de gasto, al situarse por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional del 2,4 por ciento, según los criterios legalmente establecidos.
