¿Hay alguien ahí fuera?

¿Queda algún poder del Estado con credibilidad? La respuesta, desgraciadamente, es negativa, para regocijo de los independentistas y de los populistas. La clase política y con ella instituciones como el Congreso de los Diputados hace ya tiempo que perdieron el respeto de la ciudadanía. No hay nada más que ver las encuestas oficiales, que, trimestre tras trimestre, señalan a la clase política como uno de los más graves problemas del país. Su credibilidad es nula.

De la Monarquía, mejor ni hablar. La reputación de don Juan Carlos quedó por los suelos y las corruptelas de Urdangarín no han hecho nada más que profundizar el foso en el que ahora se encuentra la Corona, con mil frentes abiertos, a pesar de los innegables esfuerzos del rey Felipe para mantener el rumbo del barco. Populistas e independentistas han convertido a la Corona en su pim pam pum particular, ante la escasa capacidad de respuesta de los llamados partidos constitucionalistas. Mal va un país que no sabe defender los símbolos que deberían ser lo más sagrado. Hasta la Constitución es, en su cuarenta aniversario, letra mojada. Ahí están los hechos.

Y ahora le ha tocado el turno a la Justicia. Vaya papelón el de gobierno de los jueces, dios mío. Primero yendo y viniendo con la sentencia de quién debe pagar el impuesto de las hipotecas. Primero el Supremo dice una cosa, luego la contraria, para terminar volviendo al origen, es decir, que el ciudadano debe ser el pagano. La rescatada Banca con dinero público es intocable, aunque su credibilidad, asimismo, haya quedado en entredicho. Mala alianza la de la Justicia y la Banca, mala.

Y para rematar este desbarajuste que nadie entiende y que ha dejado la reputación de la Justicia por el barro, van el PSOE y el PP, los partidos que en el último año no se han puesto de acuerdo absolutamente en nada y en apenas unas horas consensuan el nombramiento del nuevo presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, incluso antes de haber elegido a sus nuevos miembros. Da igual que la Constitución diga solemnemente que el presidente del citado Consejo es elegido por los jueces miembros del citado Consejo. Aunque sólo sea una cuestión de forma, PP y PSOE ponen el carro delante de los bueyes, conculcan la Constitución, pactan el nombramiento con absoluta opacidad y sin transparencia, hurtan el debate al Parlamento y desechan la opinión de las minorías. Y luego se quejan del crecimiento de los partidos populistas y de los independentistas. Sí son ellos, PSOE y PP, los que alimentan con sus enormes errores el crecimiento de estos monstruos.

¿Y en León?, pues más de los mismo o peor. También aquí PSOE y PP se suman como un solo hombre a la manifestación que los sindicatos han convocado este jueves para exigir soluciones a la crisis social, económica y de autoestima que sufre la provincia de León desde hace años. Pero si PP y PSOE se suman a esa manifestación, ¿contra quién van a protestar los manifestantes o a quiénes van a exigir soluciones? PP y PSOE se han sucedido en los últimos cuarenta años en los gobiernos de la Diputación y de los principales ayuntamientos de la provincia, al igual que en el Gobierno de la nación. La conclusión es obvia: PP y PSOE van a protestar contra sí mismos. Lo nunca visto.

Bien distinto es el caso de la Junta, donde el PP gobierna desde casi el origen de la autonomía. Tras más de treinta años con gobiernos populares en Valladolid, León ha ido de mal en peor. A pesar de ello, el PP se sumará a esa manifestación. Para chulos, ellos. Lo dicho: O estamos todos locos en León o lo parecemos, que para el caso es lo mismo. Así nos va.

Se necesitan, y con urgencia, reformas profundas y de calado, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? Vamos directos al precipicio.