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Sergio González El delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia, Guillermo García, ha mantenido el primer encuentro de análisis, reflexión y diálogo con alcaldes del Partido Judicial de Astorga, con el fin de tratar con el mayor consenso posible la implantación de las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios del Territorio.
García ha señalado que la finalidad última de dichas unidades que “es asegurar la mejor calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León, tratando al mismo tiempo de conseguir los mayores niveles de cohesión social y territorial, y la mejor prestación de los servicios públicos a los ciudadanos en condiciones de igualdad, con independencia del lugar en el lugar en el que residan, particularmente de aquellos que vivan en el ámbito rural”.
El delegado territorial insistió en la importancia de la idea de consenso que presidió en su momento la aprobación de la Ley 9/2014 del 27 de noviembre, por la que se declaraban las áreas funcionales estables de Castilla y León, que junto con las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios constituyen los elementos fundamentales para la ordenación del territorio. Además de la Ley 10/2014 de Financiación, que según Guillermo García “vino a dar cumplimiento de una vieja aspiración de las entidades locales en cuanto a su participación en los ingresos impositivos de la comunidad de Castilla y León”.
“Este consenso deberá presidir la aprobación que se produzca en su día la nueva norma que, con fuerza de Ley, deberá ser aprobada necesariamente en las Cortes de Castilla y León por dos tercios de los procuradores, una vez oídos a los ciudadanos, los municipios, Diputación Provincial, Consejo Comarcal del Bierzo y Consejo de Cooperación Local”, ha explicado el delegado de la Junta en León.
Hay que destacar que en la configuración los municipios que integran dichas unidades ha sido un requisito general su pertenencia a una determinada zona básica de salud y por otra parte, debe resaltarse que son espacios funcionales, en definitiva territorios conformados por agrupaciones de municipios para el ejercicio de competencias propias de la Administración autonómica y que, en todo caso, las posibles adaptaciones no comenzarán a regir hasta tres años después de la aprobación del mapa de la Comunidad.
Ante las quejas manifestadas por la desaparición del nombre de la Comarca de la Cepeda al quedar integrados en las Unidades básicas de Ordenación y Servicios del Territorio de La Maragatería y de La Ribera del Órbigo, el delegado territorial ha señalado que “si el problema es el nombre, se puede denominar Maragatería-Cepeda, todo se tratará en los próximo tres años”. García también ha indicado que “siempre hablamos de competencias autonómicas, por lo que las unidades o mancomunidades, como es el caso de la Mancomunidad de la Cepeda, no tienen que desaparecer ya que son perfectamente compatibles con estos servicios”.
Finalmente, el delegado territorial ha destacado que todos estos cambios que se proponen en la nueva normativa de ordenación territorial garantizan el mantenimiento tanto de los municipios como de las entidades locales, potenciándose asimismo la asociación voluntaria de municipios a través de las denominadas mancomunidades de interés general. La próxima reunión sobre ordenación territorial tendrá lugar el próximo día 22 en la localidad de La Bañeza.
