El Servicio para la Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de León ha investigado a tres trabajadores de una empresa de Astorga, la cual realizó vertidos incontrolados a las aguas del río Tuerto. Se trata del responsable de la empresa y dos técnicos de mantenimiento, según informó este lunes la Subdelegación de Gobierno en León.
El pasado 14 de junio de 2017, la Comandancia de la Guardia Civil recibió numerosas llamadas alertándole de la gran cantidad de truchas muertas en el cauce del río Tuerto, a su paso por Nistal, término municipal de San Justo de la Vega. Inmediatamente se trasladaron al lugar efectivos del Seprona junto con personal de Confederación Hidrográfica del Duero y agentes medioambientales.
Tras la inspección del río, los allí desplazados avistaron la presencia de varios ejemplares de truchas muertas, tanto en superficie como varadas en el fondo del lecho del río, constatando dicha mortandad. Los agentes recogieron muestras de las aguas y de las especies afectadas del río Tuerto. Los análisis realizados determinaron la existencia de un vertido “de fangos activos”. “Los informes concluyen que los perjuicios ocasionados al ecosistema fluvial son evidentes puesto que se ha producido un daño importante, materializado en la gran cantidad de fauna fenecida”, indican desde el Seprona.
De las necropsias realizadas a los peces muertos se observó como causa predominante de la muerte la anoxia, que es la falta casi total de oxígeno disminuyendo o alterando la hemoglobina e impidiendo así la fijación de oxígeno en cantidad suficiente para la vida. El Seprona tomó declaración el pasado 31 de julio, en calidad de investigados por un supuesto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, al responsable de la empresa referida, y al personal de mantenimiento de dicha empresa.
Según está estipulado en el Código Penal, quien provoque o realice vertidos en el suelo, la atmósfera o el agua, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años, multa de diez a catorce meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a dos años. Las disposiciones se encuentran ahora en el Juzgado de Astorga.
