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La Consejería de Familia y la Delegación del Gobierno en Castilla y León firmaron este viernes un protocolo de actuación conjunta para la coordinación en violencia de género en la Comunidad que permitirá mejorar el intercambio de información con el objetivo de prestar una mayor atención y protección a las mujeres y sus hijos que hayan sufrido maltratos y no denuncien a sus agresores. Se trata de los casos detectados por los Servicios Sociales y las unidades de violencia sobre la mujer de las subdelegaciones del Gobierno pese a no haber materializado la denuncia ni exista orden de protección.
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, subrayó que el protocolo suscrito permitirá poder iniciar una intervención “de oficio” cuando la mujer no haya denunciado a su agresor o no ratifique la denuncia. Se refirió a las mujeres con un especial riesgo y de una vulnerabilidad extrema.
Por su parte, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, consideró “fundamental” detectar los casos que no lleguen a los juzgados y que la intervención “de oficio” y de prevención se haga con todos los recursos, tanto los que pueden prestar los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado para proteger a la mujer y sus hijo como los Servicios Sociales de la Junta. No en vano, recordó de los datos de 2020 en España muestran que de las 36 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, el 83,3 por ciento no había denunciado.
Blanco apuntó, según recogió la Agencia Ical, que los servicios de Acción Social detectan a mujeres con una situación especial de vulnerabilidad. “Los profesionales tienen conocimiento de mujeres que sufren malos tratos, agresiones, violencia psicológica y verbal pero no pueden actuar al no existir una denuncia ni comunicar a la policía que realicen un seguimiento especial de esas víctimas que no se atreven a dar ese paso de acudir al juzgado o bien asumen esta violencia como propiamente dicho”, expuso. En este sentido, el protocolo permitirá que estas mujeres sean consideradas víctimas de violencia de género y que tengan el especial seguimiento que necesitan. En definitiva, la consejera destacó que estén dentro del sistema y que, aunque no denuncien, reciban una protección.
El delegado del Gobierno también hizo un llamamiento a la sociedad para estar con los “ojos bien abiertos” y las “orejas bien pendientes” para detectar situaciones de violencia, por que en ocasiones, “lo tenemos más cerca de lo que pensamos” y existen episodios de malos tratos en el entorno próximo . Se refirió a la labor de concienciación e implicación de la ciudadanía que debe ser “extrema”, por que se trata de la vida de mujeres y la de menores que puede estar en riesgo en algunas situaciones. Javier Izquierdo apuntó que, según los datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, se han producido 37 asesinatos de menores desde el año 2013, tres de ellos en 2020.
La Delegación del Gobierno se compromete, en virtud del acuerdo, a realizar las actuaciones para garantizar la seguridad de las víctimas usuarias de la Red de Atención a las víctimas de violencia de género, en especial cuando se producen los ingresos, los traslados y las salidas en los centros de la Junta.
Pese a que ya existía, ahora se formaliza el intercambio de información entre los profesionales dependientes de la Consejería de Familia y las unidades de violencia sobre la mujer de la Delegación y las subdelegaciones así como los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. El objetivo es garantizar la atención integral de las víctimas de malos tratos y las personas dependientes de ellas, sobre todo en los casos de riesgo alto y extremo y en situaciones de especial vulnerabilidad.
En la actualidad, el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Viogen) contabiliza en la Comunidad 2.948 mujeres, de las que 263 están consideradas que tienen un riesgo medio y 16, alto. Además, no hay ninguna en el nivel extremo, que suelen ser los casos de pocos días u horas, hasta que se produzca la detención del agresor.
Red de debate con ayuntamientos
La consejera aprovechó la firma del protocolo para señalar que la Junta ultima la puesta en marcha de una red con las corporaciones locales, para crear un foro y unas comisiones de debate y diálogo para conocer lo que realiza cada ayuntamiento en materia de violencia de género. La idea es que la Delegación del Gobierno se sume a esta red para aportar su visión. Y es que tanto Blanco como Izquierdo destacaron que la colaboración entre administraciones es fundamental para luchar contra la “lacra” de la violencia de género. “Es una obligación moral”, aseveró el delegado del Gobierno mientras que la consejera defendió esa cooperación para plantar cara a uno de los m ayores problemas a los que se enfrenta la sociedad.
