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S. G. El frente municipal del entorno del centro de tratamiento de residuos (CTR) insta a la Junta de Castilla y León, competente en materia de Medio Ambiente, y a la Fiscalía a que se impida el vertido en la planta provincial de cientos de miles de toneladas de tierra contaminada procedente de la finca El Busto de Santa María del Páramo.
El frente que aglutina a las mancomunidades del Órbigo, la Cepeda, Astorga y Carrizo, 13 ayuntamientos en total, considera “urgentísimo” que se perpetúe “esta peligrosa y manifiesta irregularidad”, dado que la zahorra contaminada durante casi 13 años por los lixiviados de la basura allí acumulada incumple las condiciones exigidas por la Junta en el informe emitido el pasado mes de mayo. Y es que no sólo no se verterá sin tratamiento previo alguno, sino que “ni siquiera se trata de residuos, es tierra”, recuerda su portavoz, Joaquín Llamas.
Los municipios insisten en que, después de la culminación del envío al CTR de más de 500.000 toneladas de residuos, esta maniobra final colmatará definitivamente el deposito de rechazo. “Eso es un gravísimo perjuicio a todos y cada uno de los leoneses, de toda la provincia, con el agravante de que todos ellos ya han tenido que pagar a mayores 11 euros por tonelada” que ha entrado en la planta de San Román desde septiembre.
La intervención de la propia Junta e incluso de la Fiscalía, ante la que ya se ha denunciado este caso, debería ser “responsable y prioritaria”, sobre todo ahora que el Juzgado de lo Contencioso número 3 de León ha rechazado la paralización cautelar de este envío de ingentes cantidades de la zahorra “peligrosa para nuestros pueblos”, simplemente por el formalismo de que la causa que sigue este Juzgado se refiere exclusivamente a las balas de basuras y no a otro tipo de materiales, como es el caso.
“Entendemos que el juez no entra en el fondo del asunto, y lo respetamos, pero alguien tiene que evitar este nuevo desastre o será responsable de sus graves consecuencias”, incide Llamas, quien insiste en que las mancomunidades y ayuntamientos esperan reunirse con el nuevo presidente de la Diputación, Emilio Orejas, o alguna contestación y actuación inmediata de la Consejería de Medio Ambiente o la Presidencia de la Junta, a quienes también se ha alertado de la situación.
El Frente Municipal teme que nuevamente se abogue por “una política de hechos consumados”, como ha ocurrido con los fardos, pero advierte que llegarán hasta el final para defender la salud y el medio ambiente de los vecinos de las poblaciones del entorno de la planta provincial y de los habitantes de toda la provincia, “nuestros únicos objetivos”, para evitar que sean ellos los paganos de “una gestión lamentable y muy peligrosa” de los residuos leoneses.
Los municipios insisten en los objetivos irrenunciables de una gestión eficaz y sostenible del CTR y del hecho de que los habitantes de toda la provincia y sus 211 ayuntamientos no sean paganos del sobrecoste de los errores del consorcio Gersul.
