Facebook
Instagram
YouTube
Comisiones Obreras recordó que este viernes entra en vigor la nueva Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), “más accesible a la ciudadanía de Castilla y León”, después de que el Consejo de Gobierno aprobara este jueves una serie de medidas extraordinarias que refuerzan la Red de Protección a las familias y la cobertura de las necesidades de atención social a las personas, entre ellas el Decreto Ley que regulará la RGC y que este viernes se publica en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). Este decreto afecta fundamentalmente a las prestaciones económicas para necesidades de subsistencia, “flexibilizándolas, ampliándolas y compatibilizando sus principales prestaciones con otras”.
Las nuevas medidas adoptadas se enmarcan en el compromiso del Diálogo Social de Castilla y León ratificado el pasado 27 de enero, con las personas y familias que “peor lo están pasando durante la presente situación de fuerte crisis económica”. “Se trata de un derecho que se reconocerá al mes de entrada de la solicitud en los registros de la Junta, con lo que se ha reducido en dos meses su operatividad con relación a la anterior reglamentación”, señaló el sindicato.
Se ha pasado de tres meses a uno para ser reconocido este derecho y, por ende, a recibir su prestación económica. Por ello, CCOO animó a todas aquellas personas que puedan ser beneficiarias de este derecho a que acudan de inmediato a la Junta a solicitarlo.
Otro de los aspectos relevantes de esta nueva RGC es que se trata de una medida compatible y complementaria con otras prestaciones, subsidios de desempleo y ayudas al desempleo como la RAI el PIE, el PAE, el PREPARA u otros de análoga naturaleza. “Esto significa que cuando se disfrute de una prestación pública de desempleo la RGC no se extingue, sino que se reanuda de forma inmediata sin volver a solicitarlo. Y además, se complementarán las ayudas hasta la RGC que pudiera corresponderle”, aclara.
Otras mejorías
Un elemento positivo a remarcar de esta nueva etapa de la RGC es que ésta se reanudará automáticamente, previa comunicación, cuando haya sido suspendida por recibir ingresos derivados de una actividad laboral. Ante una situación de pérdida de demanda de empleo, ésta no se extingue, sino que se suspende durante un periodo de un mes. Anteriormente este hecho provocaba nueve meses sin RGC.
Hasta la fecha, el patrimonio era un lastre a la hora de ser perceptor de esta medida, mientras que ahora ya no lo es tanto. Aún teniendo patrimonio, no computará el que se tenga en municipios menores de 5.000 habitantes; los bienes inmuebles en copropiedad procedentes de herencias cuyo porcentaje individual de propiedad tenga un valor inferior a dos anualidades de la cuantía básica de la RGC (10.224 euros); además, los bienes urbanos con valor catastral inferior a 12.000 euros sólo computarán al 50 por ciento.
De cara a las penalizaciones o cobros de cantidades indebidas por efecto del incumplimiento de comunicación de cambios de las personas beneficiarias, la Junta sí procederá a solicitar la devolución de dichos montantes. Sin embargo, si el cobro indebido se debe a un error de la Administración no se solicitará su devolución.
Dos de los apartados “atados” el pasado día 27 de enero, cuando se alcanzó el nuevo Acuerdo de la RGC en el marco del Diálogo Social entre las organizaciones sindicales (CCOO y UGT), económicas (CECALE) y la Junta, se han quedado fuera de este Decreto Ley. Se trata de los relativos a las relaciones con el Procurador y los servicios de información especializadas sobre la RGC. “Formarán parte del nuevo texto que incluirá la totalidad de la normativa que integra la Ley”, apuntó CCOO.
En cuanto a la creación de servicios de información especializada en cada gerencia territorial, por ahora se ha quedado fuera. El objetivo de éstos no es otro que proporcionar información, asesoramiento y orientación profesional a las personas que soliciten la RGC. También estos entes prestarán apoyo en la cumplimentación y tramitación de las solicitudes de las personas. En lo tocante a las relaciones con el Procurador del Común, y en aras de reforzar la protección de este derecho, la Junta suscribirá un convenio con el Procurador del Común para mejorar el seguimiento y el control de la Administración regional en la aplicación de este derecho.
