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La Red de Atención a las Personas Inmigrantes contará con tres niveles de centros de atención al colectivo que dependerán de las entidades locales, organizaciones sin ánimo de lucro con experiencia acreditada en la materia y las organizaciones sindicales más representativas. La prestación de servicios de asesoramiento y orientación, formación y participación dependerá de centros integrales, de información o específicos laborales, según el proyecto de decreto que regula esta red y que en estos momento se encuentra en el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León para su dictamen.
El documento legislativo se estructura en 13 artículos agrupados en cuatro capítulos. El primero recoge las disposiciones generales que afectan al conjunto de entidades que conforman la red. El segundo regula en exclusiva los centros integrales de inmigración; el tercero los de información; y el último, regula el registro de la red. La regulación es fruto de un acuerdo dentro del Consejo del Diálogo Social, que aboga por el mantenimiento de los centros específicos de atención al colectivo, dependientes de los sindicatos.
Todos los centros de la red serán instrumentos preferentes para las actuaciones de integración que impulse el Gobierno regional, en especial, los integrales, y su reconocimiento dependerá de la consejería de la Junta competente en la materia.
Las entidades locales y sin ánimo de lucro, o ambas en cooperación, serán titulares de los centros integrales de inmigración, como “espacios interculturales e instrumentos de información especializada, asesoramiento, participación y aprendizaje” para la acogida e integración del colectivo. Estos centros deberán desarrollar al menos una función de cada una de definidas para tres áreas, atención, información y asesoramiento; formación y aprendizaje; y participación y sensibilización.
Estos centros deberán asegurar un horario de atención no inferior a 30 horas de lunes a viernes y disponer la posibilidad de apertura los fines de semana y festivos para el desarrollo de actividades. Asimismo, deberán elaborar una memoria anual que deberán remitir al órgano central competente en materia de integración de inmigrantes.
Las solicitudes para la apertura de estos centros deberán remitirse a la consejería competente, en la actualidad la de Presidencia de la Junta. El Ejecutivo se compromete a resolver las peticiones en un plazo de tres meses.
El proyecto de decreto incluye también la puesta en marcha de un registro de la red de atención a las personas inmigrantes. Éste instrumento tendrá un carácter público y servirá para la ordenación y publicidad de los centros y estará adscrito al órgano directivo central. El registro se estructurará en tres secciones referida cada una a los centros integrales, a los de información y a los específicos de asesoramiento, información y orientación.
