Castilla y León

El TSJCyL exigirá al Ministerio oficinas a víctimas de delitos en todos los juzgados, entre ellos Astorga

José Luis Concepción anuncia la visita este mismo jueves al Palacio de Justicia de responsables del Ministerio de Justicia
Juzgado de Astorga
Juzgado de Astorga. / Ical

M.L.Martínez El presidente del Tribunal de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, exigirá este jueves al Ministerio de Justicia la instalación de una ‘Oficina de atención a las víctimas de delito’ en todos los juzgados de la Comunidad, con la incorporación de un psicólogo y un trabajador social.

Concepción anunció este miércoles durante la presentación de la Memoria Anual de Actividades y Funcionamiento del Alto Tribunal durante 2018 la visita que realizarán mañana jueves al Palacio de Justicia, sede del TSJCyL, representantes del Ministerio de Justicia, entre ellos, el secretario general de la Administración de Justicia, Antonio Viejo, con quien ya mantuvo una reunión el pasado mes de febrero en Madrid.

“Uno de los problemas que trataremos será la implantación de una vez por todas de la ‘Oficina de atención a las víctimas de delito’”, aseguró el presidente del TSJCyL. La creación de esta oficinas a víctimas de está prevista desde hace tres años y medio, pero no cuentan con partida presupuestaria ni apoyo por parte del Ministerio de Justicia. El Consejo de la Abogacía de Castilla y León aprobó en el último Pleno sumarse formalmente a la petición del TSJCyL de exigir este servicio al Ministerio.

De acuerdo con la Ley de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, estas oficinas deben estar compuestas por un equipo multidisciplinar que desempeñe la atención a la víctima con carácter público y gratuito. El TSJCyL ya ha destinado unas dependencias con los medios materiales que exige la ley, como un circuito de videoconferencia para que la víctima pueda declarar sin tener contacto con el acusado, pero a la oficina de atención a la víctima le faltan medios humanos que establece la ley, como el apoyo de un psicólogo y un trabajador social, y un convenio con alguna organización que procure el mecanismo de la justicia restaurativa que prevé la ley de 2015.