El TSJ detecta un “defecto formal” en la aprobación del Decreto regional de Caza

El Gobierno regional asegura que la resolución “no afecta” a la temporada de caza, con lo que la práctica cinegética “está garantizada para todos los aficionados de Castilla y León”
Ecologistas en Acción encuentra un fallo en la tramitación del Decreto de Caza

Ical Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León respecto al recurso presentado por Ecologistas en Acción contra el Decreto de Caza de la Comunidad, señala que existe un “defecto formal” en la tramitación del procedimiento de aprobación de la normativa. La Junta de Castilla y León señaló a través de un comunicado que respeta la decisión judicial pero no comparte el fallo por lo que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La Junta de Castilla y León informó hoy de que ha conocido esta resolución del alto tribunal que “no afecta” a la temporada de caza, con lo que la práctica cinegética “está garantizada para todos los aficionados de Castilla y León”.

La Consejería de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León respeta la decisión del TSJ pero quiere clarificar y determinar algunas cuestiones al respecto. Así, el departamento que dirige Antonio Silván destaca que el tribunal no entra a valorar el fondo de la regulación de la caza en Castilla y León y no estima las pretensiones planteadas por Ecologistas en Acción en el recurso presentado.

Fuentes del Gobierno regional insistieron en que la sentencia tan “sólo considera que existe un defecto formal en la tramitación al no existir informe expreso del Consejo de Caza a pesar de que el Decreto fue presentado, examinado y debatido en la sesión de dicho Consejo de 16 de junio de 2011”. Al respecto, remarca que “es importante recordar que los informes del Consejo de Caza, en cuanto órgano de participación y asesoramiento, no son vinculantes.

El Consejo de Caza está integrado por más de 20 representantes de la administración, de las federaciones de caza, de galgos, de cotos privados, de clubes deportivos, de las organizaciones profesionales agrarias, de las universidades, asociaciones ecologistas de estudio, gestión y protección de la fauna silvestre, entre otras.

“La práctica de la caza en la Comunidad queda garantizada para todos los aficionados de Castilla y León”, concluyeron desde el Ejecutivo.

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