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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León admite a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por Ecologistas en Acción, tras la desestimación de las alegaciones presentadas ante la Confederación Hidrográfica del Duero. En un comunicado, la organización informó de la autorización para captación de 103.334,4 metros cúbicos al año para la producción de agua mineral embotellada procedente de dos manantiales (Borrazal y Barballal) en las inmediaciones de la cabecera del río Duerna y de un sondeo situado en zona de policía del cauce, dentro del espacio protegido de la Reserva Natural Fluvial del Alto Duerna.
La zona afectada es un paraje de “alto valor ecológico”, en el entorno de la Red Natura 2000 (Zona de Especial Conservación ZEC ‘Montes Aquilanos y Sierra del Teleno’ y Zona de Especial Protección para las Aves ZEPA ‘Montes Aquilanos’), en montes catalogados de Utilidad Pública y en un Área Importante de Conservación de las Aves IBA ‘Montes Aquilanos’, situada en la pedanía de Pobladura de la Sierra, que se va a ver gravemente alterada por esta actividad industrial.
Además del efecto directo sobre el propio río Duerna, esta actuación conlleva para Ecologistas considerables obras e instalaciones para llevar a cabo la captación, producción y distribución del agua envasada con irreparables daños en el ecosistema. En los últimos años, recordó, las Comunidades de Regantes del Valle de la Valduerna han venido sufriendo numerosas restricciones debidas a la disminución de los caudales circulantes en la zona baja del Duerna que han repercutido directamente en la economía agrícola de la zona y que esta concesión agravaría de manera notable.
Además, recordó que la industria del embotellado de agua mineral está altamente automatizada y su producción requiere de escasa mano de obra, por tanto, no se trata de un proyecto de interés social que genere empleo de calidad y fijación de población, tal como aseguran sus promotores.
Asimismo, vecinos y Ecologistas han venido reiterado públicamente a los órganos de la administración competentes que denieguen la explotación y comercialización de más de 100 millones de litros de agua/año del dominio público hidráulico y forestal, para un lucrativo negocio de carácter privado, que produciría un menoscabo importante en las extraordinarias condiciones medioambientales de la zona. “Sería deseable que todas las Administraciones (Ministerio, Junta y Ayuntamientos afectados) desarrollaran una gestión coordinada y eficaz en sus competencias de vigilancia, control y conservación de las Reservas Naturales Fluviales y demás Espacios protegidos”, concluyó.
