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Ical El secretario general del PSOE de León, Tino Rodríguez, denunció hoy la pérdida de más de 13.000 habitantes desde el año 2011, periodo del actual Gobierno del PP, frente a los 412 que ganó con el anterior ejecutivo socialista. Un “cambio radical” de tendencia que los socialistas atribuyeron al “absoluto desprecio” del Ejecutivo central que se ha materializado en “la pérdida de 12 habitantes cada día desde que gobierna el PP”, trasladó a través de un comunicado.
Rodríguez aludió a los datos del padrón del Instituto Nacional de Estadística (INE) y recordó que la despoblación es “uno de los problemas capitales” al que tiene que hacer frente la provincia de León, en especial en el medio rural. El último censo, a 1 de enero de 2014, contabilizó 484.694 habitantes en León frente a los 497.700 de 2011 y los 497.387 leoneses en 2007.
Con estos datos en la mano, Rodríguez declaró que la provincia de León no puede seguir perdiendo “una media de 4.000 habitantes al año” y que las administraciones sigan “mirando para otro lado”, y aunque reconoció que es fenómeno que trasciende el ámbito político, se ha visto acentuado por “la caída de las medidas de austeridad abrazadas durante esta legislatura por el PP” con datos que “ponen de manifiesto el gran fracaso de la Agenda de la Población aprobada por la Junta de Castilla y León en 2010”, dijo.
Por todo ello, Rodríguez adelantó que los socialistas promoverán, mediante los órganos nacionales del partido, la “urgente” adopción de medidas para “poner freno” a una “sangría” que amenaza las bases de la estructura social y económica de la provincia con un “verdadero plan de acción” continuado en el tiempo que recoja actuaciones adaptadas a las características y necesidades de cada zona.
El secretario general del PSOE de León consideró que, además de apostar por el sector industrial ligado al medio rural, hay que hacer hincapié en el turismo rural y en una dotación de servicios e infraestructuras que permitan “reactivar” la economía y fijar población, algo que pasa inevitablemente por una política fiscal que otorgue ventajas a las empresas y vecinos que mantienen vivo el mundo rural, así como una asignación “selectiva y prioritaria” de los fondos europeos y del Estado.
