El PSOE denuncia el retraso de ocho meses del nuevo contrato del transporte sanitario

El Grupo Parlamentario Socialista ha exigido conocer cuándo va a comenzar el nuevo contrato del transporte sanitario de Castilla y León, adjudicado al mismo grupo empresarial que el anterior (Ambuibérica), a pesar de la acumulación de incumplimientos contractuales e innumerables denuncias judiciales, y que después de ocho meses todavía no ha sido puesto en marcha.

La procuradora socialista Yolanda Sacristán ha recordado que el retraso del nuevo contrato del servicio, que comenzaba con un recorte importante en su presupuesto mermando así el número de ambulancias, “perjudica como siempre a los mismos”, refiriéndose a usuarios y trabajadores.

“Por un lado a los técnicos en Emergencias Sanitarias, que a veces no tienen ni ambulancia para trabajar, que siguen sin la subida salarial pactada, ya que fue blindada con el comienzo del nuevo contrato, y esclavizando a los 2.000 trabajadores del servicio con sueldos que en ocasiones no llegan al salario mínimo interprofesional; y por otro lado a los propios usuarios, que siguen haciendo uso de ambulancias en un estado lamentable, con cientos de miles de kilómetros”, ha sentenciado la política leonesa.

Sacristán ha insistido en los incumplimientos de la Junta, que en total prometió 101 ambulancias nuevas. “Como ejemplo, en Trobajo del Camino continúan sin la ambulancia nocturna prometida, y de la que les privaron hace un año; el mismo caso en Benavides de Órbigo, donde la prometieron allá por el año 2019; en Ponferrada la Policía Local tiene que realizar los traslados sanitarios porque no hay ambulancias disponibles; y en León capital los técnicos en Emergencias Sanitarias tienen que realizar hasta 23 avisos en 24 horas”, ha sentenciado, sin olvidarse de Babia y Omaña, donde tampoco cuentan con ambulancia a pesar de que el tiempo de respuesta allí supera los 30 minutos.

Por todo esto, Yolanda Sacristán ha exigido una respuesta urgente ya que, según una resolución del Procurador del Común ante una denuncia del sindicato UGT de León, “el servicio del transporte sanitario es público, de titularidad pública, y por ello, la responsable última de la prestación del servicio, es la Administración sanitaria”.