El proyecto de recuperación del castaño en seis municipios de León recibe 3,24 millones del Instituto para la Transición Justa

El proyecto de ‘Rehabilitación, forestación y puesta en valor de terrenos públicos mediante la plantación de castaños en los municipios de Bembibre, Folgoso de la Ribera, Igüeña, Noceda del Bierzo, Torre del Bierzo y Villagatón’, que la Diputación de León presentaba a la convocatoria del Instituto para la Transición Justa enmarcada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, recibirá una inversión de 3.246.023,59 euros.

Esta ayuda financia el cien por cien del proyecto que tiene como objetivo principal lograr plantaciones exitosas de castaño de la variedad local ‘parede’ en una superficie de 192,3 hectáreas en parcelas de los municipios implicados, todos ellos inmersos en procesos de descarbonización de la economía y de transición energética debidos al cierre de explotaciones de minería del carbón.

Con ello se pretende crear sotos de castaños para la producción de fruto que fomenten un desarrollo económico alternativo y sostenible que permita la creación de un tejido empresarial, fomente el empleo y fije población. Además, espera fomentar la implantación y crecimiento de industrias auxiliares, de transformación, pymes e inversores privados en el entorno.

A través de este proyecto se conseguiría un rejuvenecimiento de los castañares de producción de la zona, los cuales de manera general han sufrido graves daños a causa de los incendios forestales, las infecciones de tinta, la extensión del chancro y la presencia de avispilla.

El vicepresidente de la Diputación de León para el Bierzo y diputado de Transición Ecológica, Alider Presa, resaltó que se trata de un proyecto muy importante no solo por la cuantía, sino también por la capacidad de generar empleo y riqueza en una zona muy afectada por el cierre de las explotaciones mineras.

Presa señaló que la propia preparación del suelo y la plantación de los castaños generará empleo directo, “pero además es un proyecto a largo plazo, a cinco años, donde habrá un mantenimiento de los árboles y de los sotos, y con posterioridad, también dará un beneficio económico no solo para los ayuntamientos sino también para las juntas vecinales, que son las propietarias en su mayor parte del suelo y con las que se ha llegado a acuerdos para que reciban un beneficio económico”.