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DA / Ical El Procurador del Común ha emitido una resolución relacionada con la queja recibida, el pasado año, sobre la no autorización por parte del alcalde de Santa María del Rey, Francisco Javier Álvarez, a algunos concejales que lo habían solicitado para grabar las sesiones plenarias. La ‘prohición’ fue votada en Pleno por la mayoría pero la institución que lidera Javier Amoedo entiende que ese hecho no justifica la decisión.
El Procurador del Común entiende, y así lo puso de manifiesto en la resolución dirigida al Ayuntamiento, que las sesiones de los Plenos municipales, cuando sean públicas -en la generalidad de los casos- son susceptibles de ser grabadas y difundidas por cualquier medio de comunicación y también por los ciudadanos (incluidos los concejales), “salvo que de forma excepcional pudiera establecerse lo contrario, justificando la limitación en causas legales que no se habían acreditado por parte del Consistorio.
Así, determina que como regla general deberá autorizar la grabación y difusión de las sesiones plenarias públicas, “siempre con respeto a la normativa en materia de protección de datos y demás que resulte de su aplicación”. El alcalde, matiza, podría tomar alguna medida restrictiva, “con la debida moderación y ponderación, siempre que tuviera como finalidad garantizar el normal desarrollo de la sesión cuando éste hubiera sido alterado”.
