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El Procurador del Común trasladó hoy una doble preocupación en materia sanitaria como consecuencia de las deficiencias detectadas en la prestación del servicio en el medio rural así, al tiempo que lamentó la falta de regulación en la gestión de las listas de espera. Así lo puso de manifiesto este martes en las Cortes durante la sesión plenaria en la que dio a conocer el informe anual correspondiente al año 2019.
Al margen de la “masiva” reclamación relativa a la situación del Servicio de Oncología del Hospital Virgen de la Concha de Zamora, que supuso casi 4.000 quejas, el procurador del Común, Tomás Quintana, cifró en 191 las quejas recibidas el año pasado en relación a la prestación del servicio de salud.
En esta línea incidió en su doble preocupación por las “deficiencias” del la prestación del servicio en el medio rural, en general, pero también por la falta de regulación para la lista de espera que permita a los pacientes conocer “cumplida y detalladamente” su lugar en esta lista y la evolución que experimenta tanto para el desarrollo de pruebas diagnósticas como para ser recibidos por los facultativos de diferentes especialidades o las unidades del dolor de algunas provincias.
Quintana recordó que esta regulación se ha demandado “una y otra vez”, además de que matizó que la espera no es de la misma duración en todas las provincias de la Comunidad, lo que está generando “importantes desigualdades”, lamentó. También desde un punto de vista sanitario, se refirió a los problemas de desplazamiento de los pacientes para recibir atención sanitaria e insistió en la necesidad de “revisar” la normativa reguladora de las ayudas por desplazamiento, alojamiento y manutención, en especial en el caso de las personas de algunos colectivos como el de menores, discapacitados o pacientes que acuden a tratamientos prolongados.
Residencias de mayores
El procurador del Común también hizo especial hincapié en las personas mayores, uno de los colectivos más vulnerables ante la incidencia que está teniendo la pandemia del COVID-19 y cuya protección y calidad de vida situó como “una de nuestras mayores preocupaciones”.
Por ello recordó la adopción de dos resoluciones para interesar a la administración la conversión de plazas residenciales para personas mayores válidas en plazas para mayores asistidos, al detectar “una apreciable escasez” de estas.
Igualmente, y atendiendo a lo “positivo” que puede resultar para los mayores permanecer en sus lugares particulares de residencia “durante el tiempo que sea posible”, también se dio resolución a algunas quejas relacionadas con los servicios de comida y ayuda a domicilio proporcionados por algunos ayuntamientos.
