El Procurador del Común ha iniciado una actuación de oficio y se ha dirigido a la Consejería de Educación con el objetivo de conocer las medidas previstas para permitir el desarrollo del nuevo curso escolar de la forma más segura posible y con las debidas garantías para toda la comunidad educativa, con especial atención en el absentismo preventivo.
Desde el organismo se detectaron a lo largo del curso 2020/2021 situaciones que sería preciso considerar teniendo en cuenta el inicio de un nuevo curso escolar, como los problemas derivados del absentismo escolar preventivo adoptado por algunas familias a causa de la vulnerabilidad de alguno de los miembros de la familia de los alumnos a las consecuencias de un contagio de la COVID-19.
Para el Procurador, al margen de las acciones previstas para la prevención y control del absentismo escolar por otras causas, en estos casos referidos, la Administración educativa debe facilitar a los alumnos afectados los materiales didácticos, herramientas de comunicación, recursos digitales, aulas virtuales, etc., que permitan seguir el proceso de enseñanza y ser objeto de la correspondiente evaluación de la forma más normalizada posible.
En este sentido, en el pasado curso, el reconocimiento del derecho al Servicio de atención educativa domiciliaria de la Consejería de Educación es el que permitió dar una respuesta a las necesidades educativas de los alumnos en una situación de mayor vulnerabilidad ante los posibles contagios de la COVID-19, y que, por este motivo, debían permanecer en sus casas.
Además, en algunos casos, la disposición del profesorado también permitió que los alumnos que no asistían a clase por decisión de la familia mantuvieran el contacto con el centro y el desarrollo de la actividad educativa.
No obstante, como aspecto a considerar en el futuro próximo, el Procurador apostó por tener en cuenta algunos casos de alumnos, tanto de las etapas de Educación Infantil como de Educación Primaria e incluso de Educación Secundaria Obligatoria y de Formación Profesional, que permanecieron durante todo el curso escolar 2020-2021 sin asistir a sus centros educativos, sin que se les facilitara una alternativa para que pudieran seguir el proceso de enseñanza, lo que en algún supuesto ha llegado a determinar la pérdida del curso en su totalidad y la necesidad de que se implanten los correspondientes planes de refuerzo individualizados y adaptados.