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El acuerdo para la estabilidad y sostenibilidad de la cadena de valor del sector lácteo, impulsado por el ministerio que dirige en funciones Isabel García Tejerina y que se suscribió a finales de septiembre, sigue sin repercutir en el precio de la leche. El informe publicado por el Fega de entregas de leche correspondiente al mes de noviembre de 2015, constata que se pagó por litro a los ganaderos 0,316 euros en Castilla y León, frente a los 0,315 de octubre y los 0,309 de septiembre, cantidades aún muy alejadas de los 0,33-0,34 céntimos que se estiman necesarios para hacer rentable la actividad.
El documento, recogido por Ical, constata que en noviembre se mantuvo un precio similar al de abril (0,315), pero alejado todavía de los 0,333 euros que se pagaban en enero. En España, se pasó de los 0,309 euros de octubre a los 0,310 de noviembre, siempre según el mismo informe.
El informe del Fega refleja que en la Comunidad operan 45 compradores, que declararon 87.538,6 toneladas. El total de leche producida en Castilla y León fue de 68.865,5 toneladas en el mes de análisis. En los once primeros meses del año, se produjeron en la Comunidad, 793.935.465 toneladas, de las que 627.817.118 se entregaron en Castilla y León y el resto, en otras autonomías. El número de ganaderos con entregas sigue a la baja, con 1.376 en noviembre, frente a los 1.444 de principios del año, es decir, 68 menos.
El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, asumió que no se ha logrado el objetivo que se había planteado el sector tanto con los acuerdos nacionales como con el autonómico y la “exitosa” ‘Marcha Blanca’, aunque defendió su firma, “una postura en ese momento, lógica, razonable y responsable” para tratar de solucionar un problema. Insistió en que lo que pretendían “no se ha conseguido por lo que lo tendremos que dar otra vuelta de tuerca para lograr los objetivos” de precios para la rentabilidad de las explotaciones.
Dujo recordó que el “espíritu” de la Marcha Blanca pretendía la recogida total de la leche, que se ha logrado, y precios por encima de los costes de producción, reto que no se ha conseguido a pesar de que el valor de la leche “ha mejorado desde la situación crítica de agosto” por la falta de compromiso real de la industria y la distribución.
En este contexto, anunció que pasadas estas fechas festivas los integrantes de la Macha Blanca “nos vamos a volver a reunir para analizar la situación y adoptar los acuerdos y las medias oportunas”. “Sabiendo que es complicado presionar más de lo que lo hemos hecho, no podemos permitir que pasen las semanas y los meses y no se obtenga un precio digno para la leche, por lo que proseguiremos con las reivindicaciones”.
El coordinador regional de UCCL, Jesú Manuel González Palacín, arremetió contra el acuerdo lácteo por “electoralista” y fruto de la presión ejercida sobre la ministra Isabel García Tejerina por la Marcha Blanca, sin que adoptara medidas reales como en Francia, dijo. “En España hay grandes fotos y declaraciones, pero sin resultados, sin un compromiso real de la industria y la distribución”, dijo. En este sentido, destacó que “hay que retomar” la Marcha Blanca y “buscar soluciones” y anunció que en enero “nos volveremos a juntar” para definir nuevas acciones. “No lo podemos dejar ahora”, sentenció.
El secretario general de UPA en la Comunidad y responsable de La Alianza, Aurelio González, recordó que desde su organización ya dijeron claramente que el acuerdo lácteo era un compromiso de “buena voluntad” de las partes y “la industria y la distribución sólo quieren ganar dinero”. Afirmó el representante agrario y ganadero que el problema “sigue siendo muy serio” y tiene un carácter estructural, que requiere de medidas de control de oferta y demanda, más allá de voluntades sin consecuencias de carácter electoralista que se quedan en “papel mojado”.
Defendió que desde Europa se deben adoptar también medidas de intervención y recordó que solo ha establecido ayudas cuando “no es un problema de un mes como podía pensar alguien, va para bastante tiempo”. Otra cosa, dijo, es la plataforma autonómica, que pretende obtener resultados de concentración a medio y largo plazo, es decir, que “hagamos los deberes”.
