El PP de Astorga denuncia que los trabajadores y proveedores del Ayuntamiento no han cobrado en febrero por la falta de interventora

El Partido Popular de Astorga asegura que “la incapacidad manifiesta del equipo de gobierno, la están padeciendo los empleados municipales y los proveedores del Ayuntamiento”.

“En el día de ayer, este Grupo Político, puso en conocimiento de la Delegada de la Junta de Castilla y León y del Subdelegado del Gobierno en León, el hecho de que en el Ayuntamiento de Astorga desde el pasado 29 de noviembre del 2022, se está viviendo una situación inédita, con consecuencias de muy importante trascendencia, motivado por la resolución firmada por el alcalde mediante la que se nombra interventora habilitada a una auxiliar administrativa sin haber tenido en consideración lo que el Gobierno de Pedro Sánchez, aprobó en el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, de Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional”; comienzan los populares.

“En su artículo 52, en este Decreto, se establece que cuando no fuese posible la provisión del puesto por los procedimientos previstos en los artículos anteriores del presente real decreto, las Corporaciones Locales podrán solicitar a las Comunidades Autónomas el nombramiento, con carácter accidental, de uno de sus funcionarios con la preparación técnica adecuada y, siempre que sea posible, que pertenezca al subgrupo A1 o cuente con una titulación universitaria. En las Corporaciones Locales de más de 5.000 habitantes, en todo caso, será un funcionario de carrera perteneciente al subgrupo A1”, explican.

“Se han enviado sendos escritos al alcalde con copia a los servicios jurídicos municipales reiterando informes de legalidad respecto al citado nombramiento y a sus consecuencias para el ayuntamiento, conocido es ya que de forma totalmente torticera el alcalde suspendió los dos plenos extraordinarios convocados por él mismo, sin dar más explicaciones públicas. En días pasados se solicitó otro informe por entender este grupo político que los diferentes documentos firmados por la funcionaria habilitada durante este tiempo, podrían carecer de legalidad”, alegan.

“Por todo ello, entendemos que desde este grupo hemos hecho nuestra labor fiscalizadora correctamente, poniéndolo en el día de ayer en conocimiento de las autoridades competentes que tienen encomendada la labor de control y cumplimiento de la legalidad por parte de la entidades locales. Esperemos que en estos días el alcalde encuentre a la persona adecuada de acuerdo con lo regulado en el decreto, y a la mayor brevedad pueda incorporarse a su labor de control de este equipo de gobierno que a las primeras de cambio  ya ha dado muestras de cuales son sus modales, su capacidad de gestión ya hace mucho tiempo que quedó clara, los trabajadores no han cobrado el mes de febrero y los diferentes proveedores tampoco, ellos no son los culpables de la desastrosa gestión de Perandones“, concluyen.

Nueva interventora

Con respecto a la nueva interventora, fuentes han asegurado a este diario que María Teresa Cuesta, vicesecretaría en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, ocupará ese puesto en funciones. Cuesta ya contaría con el permiso de la alcaldesa de dicha localidad y están a la espera de recibir la autorización de la dirección General de Valladolid.