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El Partido Popular de Astorga sigue haciendo hincapié en la problemática que supone para la ciudadanía la inclusión de una nueva cláusula en la ordenanza que administra la repartición de ayudas a libros de texto y material escolar.
La nueva ley, que se someterá de nuevo a votación en pleno del viernes, podría dejar, según aseguran los populares, al 80 por ciento de las familias astorganas sin opción a solicitar la ayuda.
Además, según informaban, han sido 52 las alegaciones presentadas por diferentes familias de la ciudad que invitaban a la reflexión para no aplicar esta cláusula, al menos para este curso. “Aunque creemos que es bueno para el comercio local, están haciendo caso omiso a los dos informes negativos de secretaría y de la interventora”, explicaba Laura Galindo, concejala ‘popular’.
Así mismo, hacía un repaso por los problemas de contenido y forma que ha presentado el documento y que ha hecho que la nueva ordenanza no se haya aprobado en un tiempo acorde al curso escolar. “Esto supondrá que hasta el 2020 no se pueda aprobar definitivamente, lo que repercutirá en la pérdida de una partida de 30 000 euros este ejercicio que deberá tenerse en cuenta en el presupuesto del 2020”.
Según explicaba Galindo, el problema también repercute en el objetivo y en el objeto de la ayuda, siendo el primero el de ayudar a las familias. Respecto al objeto, “se nos ha dado a entender que se ampliará el material necesario para el desarrollo de la actividad didáctica”, por lo que en ese apartado “se podría incluir la compra de un ordenador o incluso el gasoil del desplazamiento al centro”.
Además, con la cláusula que obliga a comprar el material en los comercios locales, los alumnos astorganos que estudien en centros con libros electrónicos quedarán automáticamente sin opción a solicitar la ayuda, pues estos se adquieren a empresas externas a la ciudad. “Están incurriendo en una irresponsabilidad continua, pues ya les hemos avisado de la problemática”, explicaba la concejala.
