S. G. El PAL-UL de Astorga denuncia la situación de la empleada municipal, María Isabel Martínez Villares, que el 9 de abril de 2014, solicitó un cambio de trabajo al Ayuntamiento de la ciudad por no poder realizar su tarea en la brigada de jardines a la que pertenece. La afectada insistió en que “no quiero una incapacidad, pido una adaptación del puesto de trabajo que ya no puedo desempeñar”.
Para la concejala del PAL, Celi Gómez, la afectada “se engloba dentro de los trabajadores que son susceptibles de correr riesgo especial para su salud, debido a las condiciones de su lugar y puesto de trabajo“.
Villares lleva un año de baja laboral, desde que debido a un RMN en su hombro derecho, le fue concedida la baja temporal. A esto se suma que la trabajadora es alérgica a las picaduras de véspidos y en el desempeño de sus labores podría poner en riesgo su salud. “En invierno siempre trabajamos acompañados en la brigada de jardines, pero en verano al estar sola no es fácil ponerme yo misma la inyección y la ambulancia podría no llegar a tiempo” explica la empleada del Ayuntamiento de Astorga.
“Es un problema de falta de voluntad”
El portavoz del PAL, Pablo Peyuca, explicó que “nos hemos visto obligados a denunciarlo públicamente ya que tras el registro de dos solicitudes, dos preguntas en el pleno y dos reuniones con el responsable de recursos humanos en el Consitorio, Juan José Simón, nadie hace nada”.
Según Peyuca “ya se han dado otros casos con más trabajadores, algunos incluso han ido al juzgado y este en concreto está siendo bloqueado por el responsable de personal”. Desde el PAL se afirma que “no estamos utilizando esta situación con afán político pero sacarlo a la luz parece que es la única forma de conseguir una respuesta”.
El grupo municipal solicita una reunión con la Alcaldía para resolver el problema y pide que la propia alcaldesa, Victorina Alonso, “como facultativa que es, sea la que examine los informes médicos para dar una solución a esta situación”.
“La alcaldesa no puede ponerse a juzgar el estado de salud de todos los trabajadores municipales”
El encargado de personal en el Consistorio, Juan Simón, considera que pedir a Alonso que examine el informe es incoherente ya que “nosotros no tenemos autoridad para decidir sobre el tema y por ello es necesario un criterio uniforme que esté por encima de una opinión personal”.
Según el concejal, la situación no podrá resolverse hasta que “la aseguradora del Ayuntamiento realice un informe en el que exponga si Villares es acta, si es acta con restrinciones o si no es acta para el puesto”.
Esto dependerá de que la trabajadora se dé de alta en la Seguridad Social para así poder realizar una recalificación de su estado y en el caso de que la entidad no le diera el alta, deberá hacerse un reconocimiento médico.
En este último supuesto, “como ya ha pasado un año desde que solicitó la baja temporal, será un inspector de la Seguridad Social el encargado de realizarle las pruebas oportunas para decidir cual es su situación médica y si puede o no realizar la tarea” señaló Simón.
