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El obispo de Astorga, Juan Antonio Menéndez Fernández, será el encargado de presidir la Comisión creada por la Conferencia Episcopal Española (CEE) para actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia ante los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico, así como para redactar una nueva normativa de la CEE para la prevención y protección de estos delitos.
Esta comisión tendrá, en primera instancia, un cariz fundamentalmente jurídico y estará compuesta por juristas de la Junta de la Episcopal de Asuntos Jurídicos, del Servicio Jurídico Civil, del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica, del Servicio Jurídico de Confer y de la vicesecretaría para Asuntos Generales.
Esta comisión tendrá como objetivo preparar los materiales de trabajo que presentará el presidente de la CEE, el cardenal Ricardo Blázquez, en la reunión de carácter privado que tendrá lugar en el Vaticano entre el 21 y el 24 de febrero de 2019, con la participación de los presidentes de las Conferencias Episcopales.
Además de la reunión de febrero, esta comisión va a actualizar los protocolos de actuación de la Iglesia que están sirviendo hasta ahora para tratar los casos de abusos a menores desde el punto de vista jurídico y canónico. Posteriormente, y ya de manera interdisciplinar, trabajará en la redacción de una nueva normativa de la CEE para la prevención y protección de abusos sexuales a menores.
Esta nueva normativa, que sustituirá a los protocoles actuales, se adecuará de manera más perfecta al ‘Modelo de Directivas’ redactado por la Comisión Pontificia para la Protección de Menores, con fin de ayudar a las Conferencias Episcopales y a las Congregaciones religiosas a desarrollar e implementar políticas y procedimientos para la protección de menores y adultos vulnerables contra el abuso sexual, para responder a los abusos en la Iglesia y para demostrar integridad en este trabajo.
Según apuntaron en un comunicado, la Conferencia Episcopal Española cuenta desde junio de 2010 con dos protocolos de actuación, conforme a la legislación del Estado y al ordenamiento canónico. “Ambos son una ayuda a los obispos, sacerdotes, religiosos e instituciones eclesiásticas sobre la forma de proceder en caso de agresiones o abusos sexuales a menores, o posesión de pornografía infantil, entre otros supuestos”, señalaron.
Además, aseguraron que según derecho, son los ordinarios los que llevan a cabo, bajo la dirección y coordinación de la Congregación para la Doctrina de la Fe, los preceptivos procesos para el tratamiento de los delitos en sus respectivas jurisdicciones eclesiásticas.
