El municipio de Villamejil muestra su oposición a los macroproyectos fotovoltaicos

Los presidentes de las Juntas Vecinales de Castrillo de Cepeda, Cogorderos y Villamejil y el Alcalde del Ayuntamiento de Villamejil se ha dirigido al Ministerio de Transición Ecológica y de Industria, la Junta de Castilla y León, Diputación, Subdelegación del Gobierno en León y Sindicatos agrarios Coag, Ugal y Asaja para mostrar su oposición a los macroproyectos fotovoltaicos.

“Tras la publicación en el BOE de 9 de octubre de 2023 donde el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico da por bueno el informe de impacto ambiental del proyecto de Giga polígono industrial de la empresa Green Capital, que ellos vienen denominando parques de Formosa, Colibrí, Atenea y Lirio, y que sería uno de los parques con mayor extensión de España ocupando unas 800 hectáreas de terreno con casi 762.400 paneles solares instalados. Las juntas Vecinales de Castrillos de Cepeda, Cogorderos y Villamejil, propietarias de la totalidad de los terrenos, así como el Ayuntamiento de Villamejil a los que pertenecen las 3 pedanías queremos hacer público nuestro más absoluto rechazo tanto al proyecto como a los métodos mafiosos que emplea la empresa para doblegar la voluntad de los legítimos propietarios de los terrenos afectados”, explican.

“Queremos hacer pública nuestra indignación, que no tanto nuestra sorpresa, por el hecho de que Green Capital siga adelante con un proyecto que desde un inicio cuenta con el rechazo de los propietarios legales de los terrenos. Desde la reunión mantenida en octubre de 2022 con sus representantes quedó bien claro que sus intenciones, cercanas al famoso “Tengo una propuesta que no podrá rechazar…”, no eran respetar en absoluto la voluntad de los propietarios de los terrenos donde ellos necesitaban instalarse. Su actitud, rayana en lo chulesco, nos hizo temer entonces que se llegaría a la ocupación de esos terrenos fuera por las buenas o por las malas. Para ellos, en su torre de marfil de la gran ciudad, son solo hectáreas de terreno rústico sin ningún valor salvo para que, caiga quien caiga, ellos puedan sacar su rendimiento económico. Y los que van a caer son los arrendatarios legales de esos terrenos, vecinos de los pueblos que los han venido aprovechando desde tiempos inmemoriales como bienes comunales que son. Y que los necesitan para sobrevivir en el medio rural y así para fijar población, permitiendo el relevo generacional que asegure la supervivencia de nuestros pueblos”, alegan

“Por supuesto, no sirvió de nada que les argumentáramos que los tres pueblos ya están contribuyendo a la transición energética. En su momento se licitaron y contrataron con otra empresa, Solaria, el arriendo de 200 has. para la construcción de 2 parques solares en nuestros terrenos comunales. Por lo tanto, entre los tres pueblos dedicamos más terreno a la producción de energías renovables que algunas Comunidades Autónomas. Tampoco nos ha sorprendido demasiado la posición inane de los partidos políticos. Desde los de la izquierda de la izquierda a los de la derecha de la derecha repiten eslóganes en contra de la despoblación, a favor de la España vaciada o en contra de la ocupación, pero a la hora de posicionarse públicamente en contra de estas barbaridades descubrimos que son solo eso, eslóganes vacíos”; apostillan.

“Más agraviados, si cabe, nos hemos sentido por la falta de apoyo de las demás instituciones. Ni las provinciales, ni la Comunidad Autónoma ni por supuesto el Ministerio que aprueba el proyecto tienen la más mínima empatía con la situación de desamparo creada para las Juntas Vecinales. Juntas Vecinales que, como Entidades Locales Menores, somos también instituciones y hemos de cumplir con la legalidad vigente en el día a día. Nos preguntamos qué sucedería si el Ministerio una mañana encontrase sus oficinas ocupadas y sus funcionarios expulsados de ellas por la fuerza. Seguro que tomaría medidas de inmediato para restablecer el orden”, añaden.

“Pues eso mismo pensamos hacer nosotros. Vamos a tomar todas las medidas a nuestro alcance para defender lo que por ley y tradición es nuestro patrimonio. Tanto las Juntas Vecinales como los arrendatarios de las parcelas nos vamos a oponer a cualquier acción de la compañía encaminada a que esos engendros salgan adelante. No permitiremos ni mediciones, ni catas, ni toma de muestras en nuestros terrenos. Así mismo presentaremos cuantas alegaciones, recursos, demandas o cualquier otra actuación que consideremos necesaria en defensa de nuestros derechos. En este desgraciado asunto probablemente Green Capital esté defendiendo su cuenta de resultados ante sus accionistas, pero nosotros estamos defendiendo nuestra supervivencia ante el futuro de las próximas generaciones”, concluyen.