El astorgano Ángel Luis Martín sigue los pasos de Ulibarri: prisión provisional sin fianza

DA / Ical El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona) ha decretado durante los últimos días el envío a prisión, provisional, comunicada y sin fianza, para cuatro personas por su implicación en la conocida como Operación Enredadera. Además, otras once personas han quedado en libertad provisional con medidas cautelares.

Según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJCAT), a las 3.40 horas de este viernes finalizaron las comparecencias iniciadas en la mañana del jueves para tomar declaración a los últimos seis detenidos, de un total de 15 que han pasado a disposición judicial por esta causa.

El magistrado acordó prisión provisional, comunicada y sin fianza para uno ellos, el empresario astorgano Ángel Luis García Martín, “el patatero”, presidente del Faro Astorgano, según ha podido confirmar este periódico y decidió la libertad con medidas cautelares, como retirada de pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial, para los otros cinco, que tienen sus residencias en León y La Coruña.

Por tanto, del total de detenidos puestos a disposición judicial, el magistrado ha acordado cuatro ingresos en prisión (provisional, comunicada y sin fianza) y libertad provisional con medidas cautelares para el resto. Entre los que se encuentran encarcelados figura el empresario leonés José Luis Ulibarri, presidente del Diario de León, quien recurrirá la próxima semana la medida ante la Audiencia Provincial de Barcelona.

En el marco de esta causa, que continúa siendo secreta, se han practicado 55 entradas y registros en diversas comunidades autónomas, 19 requerimientos de información y medio centenar de detenciones. Además de la causa abierta en Badalona existen otras dos piezas, también secretas, en los juzgados de Astorga y León.

Finalmente, la justicia investiga los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencia, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal