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ICAL El juez Eloy Velasco de la Audiencia Nacional ha decretado prisión incondicional para el presidente de la Diputación de León, el ‘popular’ Marcos Martínez, tras tomarle declaración esta mañana por espacio de algo más de una hora dentro del marco de la ‘Operación Púnica’ contra una red de corrupción que operaba principalmente en Madrid, León, Murcia y Valencia.
El juez coincide en la medida con la petición efectuada esta mañana por la fiscal Anticorrupción Carmen García.
Según el auto del juez Velasco, el presidente de la Diputación habría iniciado procedimientos negociados de contratación relacionados con la estación de esquí de San Isidro en los que “únicamente resultarían invitadas empresas vinculadas a Alejandro de Pedro”, otro de los implicados que también tendrá que ingresar en prisión, “a cambio de que este hiciera uso de su red de influencias entre altos cargos del Partido Popular para continuar como presidente” de la institución provincial.
Además, según se recoge en el auto, Marcos Martínez “tendría participación en alguna de las empresas que resultarían adjudicatarias de los concursos, incurriendo presuntamente en los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, revelación de secretos, tráfico de influencias, cohecho y fraude”.
Riesgo de fuga
El juez justificó la prisión incondicional para Martínez por “el riesgo de fuga”, por “la alta probabilidad de reiteración delictiva” y para evitar que puedan alterar pruebas. A juicio del magistrado, la posibilidad de fuga se deriva tanto de “la pena que pudiera ser impuesta” como de “la facilidad que tiene el implicado, tanto por sus recursos y medios, de acudir al extranjero y sustraerse así de la acción de la Justicia española”.
Velasco también acordó prisión incondicional para el empresario Alejandro de Pedro Llorca, el tercero en declarar esta mañana, a quien vincula directamente con el presidente de la Diputación y le considera “cabeza de un importante entramado de tráfico de influencias”. Según el juez, se ha “acreditado” que de Pedro “presta servicios de reputación en internet para autoridades políticas que, por no ser susceptibles de contratación administrativa, se pagan mediante procedimientos irregulares, sirviéndose de contratos públicos con otro objeto”.
El juez cree que esos servicios de reputación “le abrirían la posibilidad de constituir una red de contactos” con el fin de contratar en otros sectores “para sí o para terceros”. Por eso, el juez aprecia delitos de “organización criminal, tráfico de influencias, malversación, cohecho, falsificación documental, utilización de información confidencial y fraude”.
Para el otro empresario interrogado hoy, José Luis Huerta, propietario de Waiter Music, el juez decretó también prisión, aunque en este caso eludible bajo fianza de 300.000 euros. Esta empresa ha sido “históricamente” adjudicataria de contratos públicos en “diversos” municipios de Madrid y en empresas del Gobierno de la Comunidad, “donde Francisco Granados ocupó cargos de relevancia”.
Por otra parte, también se conoció que dos de los alcaldes enviados por Velasco ayer a prisión han pagado ya la fianza impuesta y quedarán en libertad en las próximas horas. En concreto, se trata del regidor de Parla, el socialista José María Fraile, y el alcalde de Torrejón de Velasco, el ‘popular’ Gonzalo Cubas; para ambos, el juez había establecido una fianza de 60.000 euros.
Esta tarde está previsto que el juez Velasco retome los interrogatorios a los otros 15 imputados que esperan su turno en los calabozos de la Audiencia Nacional. Después le correspondería a los dos presuntos cabecillas de la trama, el ex número 2 de Esperanza Aguirre, Francisco Granados, y el empresario David Marjaliza, que aún no han sido trasladados a la Audiencia.
