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DA El Juzgado de lo Contencioso número 3 de León ha admitido a trámite el recurso judicial interpuesto por los once ayuntamientos que forman parte de las mancomunidades del Órbigo y la Cepeda contra el traslado de las 500.000 toneladas de basuras procedentes de Santa María del Páramo para su depósito sin tratamiento previo en el vertedero provincial de San Román de la Vega.
El magistrado otorga así validez al intento judicial de las dos mancomunidades de demostrar “las irregularidades y los riesgos para la salud de los habitantes y el medio ambiente del área de influencia del centro de tratamiento de residuos (CTR) provincial”, según explican éstas en un comunicado.
En concreto, el acto impugnado por estos municipios se refiere a la aprobación del acuerdo de la asamblea del consorcio provincial de residuos Gersul con la UTE Legio VII por el cual, el pasado 29 de julio, se daba el visto bueno a una decisión que los afectados siguen considerando “irracional, presuntamente ilegal y peligroso por muchos motivos”.
Proceso “descontrolado”
Lo que lamenta este frente municipal es que este impulso judicial llegue después de que, en otro procedimiento, el Juzgado haya levantado la paralización cautelar inicialmente impuesta al “descontrolado” envío de basuras “potencialmente contaminantes”, insiste su portavoz, Joaquín Llamas.
Los municipios de Benavides de Órbigo, Turcia, Hospital de Órbigo, Villares de Órbigo, Santa Marina del Rey, Villarejo de Órbigo, Magaz de Cepeda, Villaobispo de Otero, Villagatón, Villamejil y Quintana del Castillo, apoyados por los ayuntamientos de Astorga y Carrizo de la Ribera, argumentaron en el recurso ahora admitido que el vertido “incumple la normativa medioambiental”, así como la autorización ambiental otorgada por la Junta (competente en esta materia) en 2007, porque prohíbe el vertido en el CTR sin separación y tratamiento previo.
También se atestiguaba ante el juez que “la basura se acumula a cota muy superior a la que se recoge en los planos” de la planta; que “se están vertiendo y colmatando rechazos fuera del vaso”; o que “la introducción de las balas de basura se hace sin control alguno: no se pesan los camiones a la recepción, por lo que nunca se sabrán las toneladas exactas que se han depositado”.
El acuerdo ahora recurrido por vía judicial también ha sido objeto de alegación ante el propio Gersul, que aún no se ha pronunciado, por lo que los ayuntamientos consideran que la ordenanza que escondía una autorización expresa del vertido en el CTR no está en vigor, otro motivo por el que se podría estar incurriendo en una presunta ilegalidad.
