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La vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales y Agenda 2030 propondrá hoy a las comunidades autónomas recuperar la financiación del Sistema de Atención a la Dependencia de niveles anteriores a los recortes de 2012, y lo hará a través de un plan de choque que también contempla eliminar copagos, subir las cuantías o impulsar la teleasistencia.
Uno de los principales objetivos de este plan de choque es reducir las listas de espera, que arrastran una cola de 270.000 personas que ya tienen reconocida la dependencia, pero a las que no les llegan las ayudas. Muchos de ellos, de hecho, fallecen sin llegar a percibir las prestaciones a las que tienen derecho.
Para acabar con esta situación, el Gobierno propone aumentar el presupuesto estatal a la dependencia, que podría incrementarse en 2021 en 320 millones de euros, lo que supondría un aumento del 20 por ciento respecto a 2019. También prevé recuperar el nivel acordado con una dotación de 283,2 millones de euros anuales, igual a la que se suspendió en 2012.
La Vicepresidencia que encabeza Pablo Iglesias reconoce en el plan de choque que se presenta hoy que “existen problemas” en el funcionamiento del sistema de dependencia, que “vienen arrastrándose desde hace años” y que “la crisis sanitaria actual no ha hecho más que intensificar, evidenciando la necesidad de abordarlos”.
Este incremento de la financiación se traduciría de varias maneras. Para empezar, el Gobierno propone recuperar las cuantías máximas existentes antes de la reforma del 2012 y analizar la posibilidad de establecer cuantías mínimas para cada grado y tipo de prestación económica. Así, se estima que 40.000 personas verían aumentada su prestación mensual.
En concreto, según el borrador al que ha tenido acceso Servimedia, el nivel mínimo de cuantías para el grado más alto de dependencia -el tres- supondría que, al menos, las prestaciones pasen de 190,13 a un mínimo de 235 euros, mientras que el mínimo del grado intermedio -el dos- pasaría de 84,94 a un mínimo de 94. En el nivel moderado -grado uno- pasaría de 47,38 a un mínimo de 60 euros.
Profesionalizar cuidados
Asimismo, la Prestación Económica de Cuidados en el Entorno Familiar se vería incrementada notablemente, al pasar a un máximo de 455,5 euros mensuales para el nivel más alto de dependencia y a 316 y 180 los niveles intermedio y moderado, respectivamente.
Además, el plan de choque recoge propuestas relacionadas con el la prestación de cuidados familiares como, por ejemplo, la posibilidad de que, en casos especiales en el que el beneficiario dependiente viva en zonas rurales y poco accesibles o deshabitadas, pueda actuar como cuidadora una persona vecina del municipio.
Otro de los objetivos del plan es tender a la profesionalización de los cuidados, al entender que el sistema actual del cuidado familiar contribuye a “reproducir la feminización de los cuidados y genera pocos puestos de trabajo”. De hecho, el 89 por ciento de los cuidadores familiares de personas dependientes son mujeres, según datos del Gobierno.
Más teleasistencia y menos copago
El plan de choque contempla, además, dar un impulso a la teleasistencia y definirla como “un derecho subjetivo del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio”.
Y es que actualmente hay 630.000 personas con dependencia con alguna prestación no residencial reconocida, pero que aún no tienen acceso a la teleasistencia. El Gobierno estima que, potenciando esto, un total de 870.000 personas más pasarían a beneficiarse de la teleasistencia.
El propósito es facilitar la atención domiciliaria de personas valoradas con dependencia moderada y grave, permitiendo la permanencia en casa como elección de cuidados en lugar del modelo de residencias. Para ello, el Ejecutivo ve necesario incrementar las intensidades en el sistema de dependencia y “avanzar en los servicios de carácter preventivo y de apoyo en el domicilio”.
Asimismo, contempla acabar con los copagos, pues, actualmente, de los 46 millones de euros que cuesta la teleasistencia, hay 8,8 millones que los ponen los propios beneficiarios. Las únicas comunidades en las que los dependientes no pagan por este servicio son Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
Según el borrador del plan de choque, el plazo previsto para la plena implementación de estas medidas sería de tres años (entre 2021 y 2023), mientras que las propuestas para aumentar la contribución por parte de la Administración General del Estado a la financiación de la dependencia tendrán que asegurar “recursos suficientes” para su implementación y para que la lista de espera se reduzca sustancialmente.
Por el momento, todo es un mero borrador que presentará el vicepresidente Pablo Iglesias este mediodía a las comunidades autónomas, que lo discutirán y, en su caso, aprobarán o modificarán para su implementación.
